Intendencia contrató servicios para alojar en un campo a equinos incautados de la vía pública

La Intendencia contrató los servicios de un privado para alojar a los equinos que son requisados en la vía pública en cumplimiento del Decreto 233/022, reglamentado por el presidente de la República Luis Lacalle Pou el 26 de julio de 2022. El decreto faculta a la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería (MGAP) al “decomiso definitivo y venta o donación a instituciones de bien público” de los animales que se encuentren en la calle, dentro de vertederos o basurales municipales, “siempre que no fuesen retirados por su titular en un plazo máximo de 72 horas luego de su notificación”. La normativa establece que las denuncias por animales sueltos en la vía pública deberán canalizarse a través del 911.

CUMPLIR CON EL DECRETO

El secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, señaló a EL TELEGRAFO que “se cumple el plazo de las 72 horas para el retorno del animal a su dueño. El MGAP, a través de lo que establece el decreto, hace el procedimiento administrativo a partir de la incautación para resolver su entrega a una oenegé o el remate, que ha sido el procedimiento mayoritario”. La Intendencia aporta el aspecto logístico con dos arrieros, camioneta y tráiler, en el marco de un dispositivo que se efectúa en forma conjunta con el Ministerio del Interior. “Actuamos a requerimiento del Ministerio del Interior en lo que tiene que ver con las denuncias. Ante la falta de predios que había generado una pausa en la aplicación de la normativa, la Intendencia –a su cargo– se vinculó con aquellos que podían prestar el servicio”. Según Farinha, “no solamente se trata de un espacio donde derivar a los animales y que cuenten con las garantías en cuanto a seguridad, alimentación y aguadas, sino que el personal del MGAP haga un seguimiento y garantice el cumplimiento del decreto. O el animal es retirado por su propietario –cumpliendo con los requisitos del caso–, o pasa a remate ante la no presencia de su dueño”. El jerarca recordó que la persona “levanta el animal, previo pago de la multa, que es un trámite que no se cumple con la Intendencia sino con el MGAP. La Intendencia disponibiliza la parte material. Si bien el gobierno departamental no está identificado en el decreto 233/022 entre los responsables, nos sumamos para que la política pública de control de animales sueltos sea efectiva”.

Paga por servicio

Farinha aseguró que el gobierno departamental se hará cargo, hasta que las autoridades ministeriales obtengan otro espacio de similares características. “A sabiendas de la problemática que había en Paysandú, es que la Intendencia disponibiliza recursos humanos y materiales para su aplicación hasta que el MGAP se provea de un terreno o un campo o se pueda hacer algún tipo de convenio entre los ministerios de Ganadería e Interior, que son los directamente responsables en la ejecución de la política”. En este marco, es que “la intendencia hizo un convenio con un particular que brinda ese servicio y asume los costos de contratación de una especie de guardería, por llamarlo de alguna manera”.

Operativo en números

El procedimiento en la vía pública se efectúa con dos arrieros. “El vehículo con el tráiler concurre al lugar e inicia el operativo junto al Ministerio del Interior. La Intendencia asiste en formato de apoyo, como lo seguimos haciendo hasta ahora. Sumamos la parte logística del traslado y el resguardo del animal mientras dure el proceso del decreto para darle garantías al MGAP del estado del animal y que el decreto esté operativo”, dijo Farinha. Con los números cerrados al mes de mayo pasado, “había 31 animales de los cuales un total de 24 ya estaban con resolución para remate que se hizo en los primeros días de junio. Había 7 equinos a la espera de los resultados de los análisis para descartar cualquier tipo de enfermedad infecciosa en forma conjunta entre el MGAP y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). En todo este proceso trabaja Servicios Ganaderos porque hay una trazabilidad para el cumplimiento y seguimiento del decreto”.

Quejas y exhorto

El director de Aseo Urbano y Espacios Públicos de la Intendencia, Carlos Batista, reconoció que los tenedores de los equinos “se quejan de las incautaciones y relatan las mismas situaciones. Argumentan que alguien cortó la piola o se soltó del lugar donde se encontraba. Pero el caballo que se incauta, se retira de la calle y la persona tiene que pagar la multa. Es más caro si su dueño reincide”. Explicó que “el fin de este trabajo no es incautar animales por el mero hecho de llevarlos. Porque pasa mal el animal y es todo un proceso que hay que cumplir para los ministerios de Ganadería e Interior. Y la Intendencia, porque incluyen recursos humanos, económicos y alimentación”. Batista enfatizó que “todos sabemos que un animal suelto en la calle es peligroso porque se ha cobrado vidas y hay personas que han quedado en muy mal estado de salud por los accidentes de tránsito. Desde esta dirección y desde la Intendencia se ha exhortado en cada oportunidad a la tenencia responsable. Y a esto se suma otra situación que, también hemos constatado por su peligrosidad, y es la cantidad de perros sueltos en la vía pública”. (EL TELEGRAFO)