Salto impulsa decreto histórico para declarar sus principales plazas como zonas libres de humo y alcohol
La Intendencia de Salto ha remitido a la Junta Departamental un ambicioso proyecto de decreto que busca transformar radicalmente el uso de los espacios públicos de la ciudad, priorizando la salud pública y la convivencia familiar.
En una medida que marca un precedente en la gestión de los espacios comunes, el Ejecutivo Departamental presentó formalmente ante la Junta de Salto una iniciativa para declarar como «Zona libre de humo y alcohol» a las plazas Artigas, Treinta y Tres Orientales, Flores y Roosevelt. La prohibición no se limita únicamente al área interna de estos paseos, sino que se extiende explícitamente al perímetro conformado por sus veredas exteriores, buscando crear un entorno protegido de manera integral.
El articulado del proyecto es riguroso en su alcance. El texto establece la prohibición total de fumar o sostener cualquier tipo de tabaco o sustancia encendida. Esta normativa se adapta a las nuevas tendencias de consumo al incluir específicamente cigarrillos electrónicos, sistemas de vapeo o vapulación electrónica, y cualquier dispositivo similar de cualquier naturaleza que involucre tabaco o sustancias psicoactivas. De igual manera, queda estrictamente prohibida la tenencia y el consumo de bebidas alcohólicas en dichas zonas.
No obstante, la normativa contempla una excepción estratégica para no afectar la actividad comercial y turística ya establecida. Los comercios debidamente autorizados por el Gobierno Departamental que se encuentren situados dentro de estos espacios podrán continuar con la venta y consumo de alcohol, pero bajo restricciones estrictas: el consumo deberá realizarse pura y exclusivamente en el área de mesas habilitada o para la modalidad de entrega a domicilio.
El proyecto también otorga facultades al Ejecutivo para expandir este régimen a otros parques, áreas de juego infantil, sectores deportivos y circuitos aeróbicos que sean declarados como espacios protegidos en el futuro. Para garantizar la eficacia de la norma, el gobierno local se compromete a la instalación de señalética clara y permanente en sitios estratégicos que adviertan a los ciudadanos sobre las nuevas prohibiciones.
Finalmente, el documento establece un régimen de sanciones que se aplicará bajo criterios de proporcionalidad. Las penalizaciones comenzarán con un apercibimiento y podrán escalar hasta multas económicas basadas en los máximos establecidos por la Ley Nacional No. 18.256. El proyecto, que ya ingresó oficialmente a la Junta Departamental bajo el número de asunto 371 el pasado 7 de mayo de 2026, cuenta con el aval del Secretario General, Dr. Pablo Pascual Perna, y se espera que comience su tratamiento legislativo en los próximos días.
