Por qué preocupa tanto a la UE la ley china contra el espionaje

Por qué preocupa tanto a la UE la ley china contra el espionaje

Desde hace medio año, altos funcionarios de la Unión Europea han dado la voz de alarma sobre la ley antiespionaje china.

Una «gran preocupación para nuestra comunidad empresarial», así describió Valdis Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Relaciones Comerciales, la nueva legislación durante su viaje a China a finales de septiembre. Para el político europeo la ley tiene una «ambigüedad que deja demasiado margen para la interpretación» y «disminuye significativamente» la confianza de los inversores.

«Esto es exactamente a lo que me refiero con un resultado perdedor», dijo Dombrovskis.

¿Qué es exactamente lo que hace que la ley sea tan preocupante para los europeos?

Presentada por primera vez en 2014, la ley pretende «prevenir, frustrar y castigar» los actos de espionaje. Sus disposiciones otorgan a las autoridades centrales del país un amplio mandato para reprimir actividades que se perciban como una amenaza contra la «seguridad, el honor y los intereses nacionales».

La ley se suma a la intrincada maquinaria de que dispone el Partido Comunista Chino para ejercer el control sobre ciudadanos, empresas y organizaciones. Este control se ha profundizado bajo el mandato del presidente Xi Jinping, que ha remodelado la relación entre Estado y partido para centralizar el poder en su persona.

La búsqueda de Xi de la autoridad suprema ha desencadenado un tenso enfrentamiento con los países occidentales. El líder chino ha acusado a los aliados del G7, especialmente a Estados Unidos, de intentar desbaratar la ambición del país de convertirse en líder mundial en tecnología e innovación. Mientras tanto, las democracias liberales creen que Xi intenta desmantelar el orden basado en normas establecido al final de la Segunda Guerra Mundial e imponer un sistema alternativo hecho a imagen y semejanza de China.

En este clima de sospecha y desconfianza, el Partido Comunista ha puesto en marcha una serie de instrumentos jurídicos y políticos para asegurarse de que todos los aspectos de la sociedad china, incluso los que tienen lugar en el extranjero, estén bajo una especie de supervisión omnipresente.

Este impulso llevó a la revisión de la ley antiespionaje, que entró en vigor el 1 de julio.

La principal novedad del texto reside en el artículo 4, que establece una lista de actos de espionaje que pueden ser reprimidos. El artículo modificado amplía enormemente los posibles delitos más allá de la definición tradicional de espionaje -es decir, los aparatos de inteligencia y su red de agentes- y ahora incluye las actividades «realizadas, instigadas o financiadas» por personas y entidades «distintas de las organizaciones de espionaje y sus representantes».

Además de los secretos de Estado, el artículo 4 abarca la obtención ilegal de «otros documentos, datos, materiales u objetos relacionados con la seguridad nacional» y la ejecución de ciberataques, intrusiones y perturbaciones contra bienes del Estado e infraestructuras críticas. En su párrafo final, se limita a enumerar «otras actividades de espionaje» como conducta perseguible penalmente, sin dar más explicaciones.

La elástica definición de espionaje va seguida de varios artículos que refuerzan la autoridad de los investigadores, que tienen derecho, entre otras cosas, a inspeccionar equipos electrónicos, allanar instalaciones, incautarse de documentos, recopilar datos, congelar bienes y detener a personas, todo lo cual puede filmarse. Los extranjeros acusados de espionaje pueden ser deportados rápidamente y se les puede prohibir la entrada en territorio chino hasta 10 años.

Además, la legislación fomenta el vigilantismo, ya que pide a «todos los ciudadanos y organizaciones» que «apoyen y ayuden» a las autoridades centrales e «informen rápidamente» de comportamientos sospechosos. Quienes lo hagan podrían recibir «elogios y premios». (EURONEWS)