Paysandú bajo engaño: estafas crecen en silencio y desbordan a la Justicia

Paysandú, como muchos rincones del país, no ha quedado al margen del fenómeno delictivo que más ha crecido en la última década: la estafa. Lejos de la violencia que suele asociarse al delito, este flagelo avanza de forma silenciosa, escondido tras pantallas, mensajes de texto y llamadas engañosas. Las víctimas, una tras otra, caen en la trampa sin siquiera imaginar que están siendo objeto de un crimen. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo denuncian. En la actualidad, Uruguay enfrenta una epidemia de estafas sin precedentes. El delito, tipificado en el artículo 347 del Código Penal, implica obtener un provecho ilegítimo mediante el engaño o el abuso de confianza, causando un perjuicio económico a la víctima, de acuerdo al informe presentado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.

Este delito, además, no necesita de amenazas, ni armas, ni encuentros cara a cara. Basta con una maniobra engañosa, muchas veces apoyada en herramientas digitales, para destruir la economía y la confianza de miles de ciudadanos. En este escenario alarmante, Paysandú se encuentra entre los departamentos con tasas altas de estafas denunciadas en los últimos cinco años. A pesar de no liderar el ranking, su presencia en los niveles superiores evidencia un problema estructural y es que el delito ya no distingue territorio, pero sí se ensaña con quienes tienen menos herramientas para detectarlo y defenderse.

Durante los últimos 5 años (2019-2024), departamentos como Rivera, Maldonado, Salto y Canelones se destacan por el mayor crecimiento relativo de sus tasas. Otros como Durazno, Montevideo, Rocha, Maldonado, Paysandú y Río Negro mostraron tasas persistentemente altas durante casi todo el período. Particularmente, Rocha presenta el perfil más crítico, con la tasa más elevada del país. Son varios los casos de vecinos del departamento que han relatado haber sido víctimas de engaños al intentar comprar productos en redes sociales, al recibir falsas promesas de inversión o incluso tras confiar en supuestos funcionarios públicos que, por teléfono, exigían pagos “urgentes” para evitar embargos inexistentes. La variedad de modalidades es tan amplia como la imaginación de los delincuentes, quienes operan desde el anonimato, muchas veces desde otros departamentos o países, aprovechando la brecha digital y la falta de respuesta efectiva.

CRECIMIENTO IMPARABLE

Entre 2013 y 2024, la tasa de denuncias por estafa en Uruguay creció más de un 2.000%. En 2024, se registraron 870,5 denuncias por cada 100.000 habitantes. Este fenómeno fue impulsado por el auge de las tecnologías de comunicación, el uso extendido de redes sociales y plataformas de compraventa, así como por la digitalización forzada durante la pandemia. A nivel nacional, el delito ocupa hoy el tercer lugar entre los más denunciados, un salto dramático desde su décima posición hace poco más de una década. Sin embargo, las estadísticas oficiales solo cuentan una parte de la historia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el segundo semestre de 2024 “se cometieron unas 26.900 estafas mensuales, de las cuales apenas el 11,7% fueron formalmente denunciadas”.

Los más afectados son adultos de entre 26 y 55 años, aunque las mujeres presentan tasas más altas de victimización que los hombres. En Paysandú, como en otras partes del país, la mayoría de las estafas ocurren de manera individual, en un contexto de confianza, donde la víctima no sospecha del engaño hasta que ya es demasiado tarde. Muchos de estos sanduceros prefieren no denunciar, por vergüenza, miedo o simple resignación. “Me sentí tan tonta que no lo quise contar ni a mi familia”, relató a EL TELEGRAFO una mujer de 38 años estafada a través de WhatsApp, cuando creyó estar comprando una bicicleta usada para su hijo y perder 6.000 pesos. “No pensé que fuera un delito. Solo creí que había sido ingenua”.

En tal sentido, el jefe de Policía de Paysandú, comisario general Alejandro Sánchez, dijo a EL TELEGRAFO que la proliferación de casos aumentó a raíz de la pandemia del COVID-19, que obligó a muchas personas a volcarse a la era digital e inmiscuirse en el trabajo online, así como el aumento del uso de plataformas digitales como esparcimiento –al no poder salir a otras actividades–, lo que funcionó como germinador de esta modalidad delictiva. Asimismo, sostuvo la importancia de denunciar estas maniobras y –detalle no menor– estar más alerta a las ofertas tentadoras de los delincuentes, como puede ser una publicación de la venta de un vehículo por MarketPlace, cuyo precio y condiciones de transacción carecen de seguridad. En síntesis, evitar caer en estafas por ingenuidad.

JUSTICIA DESBORDADA

Mientras tanto, según el informe de AECA, el sistema penal no logra dar respuestas a la altura del problema. En 2024, solo se registraron 1,5 imputaciones por cada 100 denuncias de estafa. La complejidad de las investigaciones, la naturaleza transnacional de muchos casos y la falta de recursos del sistema judicial contribuyen a una impunidad generalizada. En nuestro país, fiscales y policías trabajan con recursos limitados frente a una avalancha de casos difíciles de rastrear, ya que la mayoría de los estafadores se encuentran en otros países. Sin pruebas físicas ni autores identificables, los expedientes se acumulan sin resolución.

El delito, por su parte, se multiplica con rapidez. Paradójicamente, mientras que en la mayoría de los delitos violentos los imputados son hombres, en el caso de las estafas el 35,7% de las personas procesadas son mujeres. También destaca que la edad promedio de los imputados ronda los 31 a 33 años, una franja más joven que la de las víctimas, quienes en Montevideo superan los 45 años, pero en el Interior se sitúan entre los 41 y 45 años. El carácter remoto y cibernético de muchas estafas dificulta el trabajo de la Policía y hace que la territorialidad pierda peso. Sin embargo, la recurrencia del delito en departamentos como Paysandú señala la necesidad urgente de campañas de prevención locales, mayor alfabetización digital y herramientas para la detección temprana del engaño.

EL TELEGRAFO