La morosidad sigue en aumento con 740.000 uruguayos bajo la lupa por créditos al consumo

Si bien las deudas promedio son relativamente bajas, de entre 20.000 y 40.000 pesos, pero se vuelven imposibles de pagar por la tasa de mora.

La economista de la Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Soledad Giudice, advirtió que unas 740.000 personas mantienen problemas de impago en el sistema financiero uruguayo.

En diálogo con Informativo Sarandí Giudice, precisó que se trata de personas con más de seis meses de atraso en algún vínculo financiero, principalmente en créditos al consumo, y remarcó que la cifra viene en aumento en los últimos años. Además explicó que en Uruguay hay unos dos millones de personas con algún vínculo con el sistema financiero, entendiendo por tal desde una tarjeta de crédito al día hasta un préstamo hipotecario. De ese universo, señaló que «hay 740.000 personas que tienen algún problema impago». Aclaró que ese número corresponde a quienes «tienen más de 6 meses de atraso en algún vínculo en el sistema financiero, que generalmente son créditos al consumo».

Por otro lado, agregó que, si se toman los registros del Clearing de Informes, que reúne información más amplia, incluyendo comercios e instituciones no financieras que también otorgan crédito, la cifra de personas con algún problema de impago trepa a «1.200.000», según el último dato disponible, de mayo de 2023.

La economista subrayó que el problema no radica en tener un vínculo con el sistema financiero, sino en «cómo se utiliza el vínculo con el sistema financiero y cómo te relacionas con eso». Sostuvo que la clave de la creciente morosidad no está tanto en las tasas de interés originales, sino en las tasas de mora, y explicó que «la mayoría de las deudas que después se vuelven como impagables para la persona (…) están abultadas por la tasa de mora, no por la tasa de interés». También remarcó que «la tasa de mora nadie la mira en el contrato, ni siquiera se nombra a veces en la transacción» y que, cuando el deudor intenta ponerse al día es «imposible».

Un proyecto de ley con tres capítulos, pero con dudas sobre su viabilidad
Giudice señaló que el proyecto de ley sobre sobreendeudamiento que actualmente se discute en el Parlamento aborda tres grandes dimensiones: la regulación de tasas de interés y la ley de usura, mecanismos de reestructura de deuda para quienes ya están sobreendeudados, y un capítulo de protección del deudor y educación financiera. Valoró que la iniciativa «integra bastantes dimensiones», pero remarcó que el desafío central no pasa por el diseño de la propuesta sino por su implementación: «La propuesta está buena, el problema es la viabilidad de la propuesta».

En ese sentido, la economista advirtió que ni el área de Defensa del Consumidor ni el Poder Judicial tienen capacidad actual para absorber un proceso de reestructura de esa magnitud. Explicó que ese organismo «no tiene la capacidad para absorber un programa de reestructura de 740.000 personas, ni el Poder Judicial tampoco lo tiene». Cuestionó además que se avancen soluciones sin respaldo presupuestal. «Podés tener la intención de solucionar, pero si después no hay recursos para que haya más gente atendiendo en Defensa del Consumidor, es difícil de implementar», planteó.

Consultada sobre las prácticas de cobranza, Giudice cuestionó que buena parte de la deuda morosa termine en manos de estudios jurídicos o agentes de cobranza tercerizados que, según dijo, «operan bajo otras lógicas» y «no están regulados exactamente por el Banco Central». Describió esas prácticas como «tenebrosas» y explicó que en muchos casos «te llaman primero para asustarte», en lo que calificó como una modalidad «intimidatoria». Planteó como reclamo de AEBU ante el Parlamento que se avise al deudor cuando su deuda es vendida a otra institución. «Está bueno que se avise (…) si Santander vende mi deuda, o no sé, OCA vende mi deuda, avisame qué pasa a otro lado», ejemplificó.

Educación financiera, publicidad engañosa y la comparación con Brasil

La economista remarcó que buena parte del problema tiene un componente de asimetría de información entre las instituciones financieras y los usuarios. Citó un relevamiento de la Unidad de Defensa del Consumidor según el cual, en la mitad de las publicidades de crédito analizadas, «no se dice toda la información que se tiene que tener, por la elegibilidad y por el tiempo también que aparece en pantalla». Cuestionó además que ciertas campañas publicitarias apunten a personas de menores recursos con el gancho de «llegar a fin de mes», algo que consideró que «no está bueno».

Giudice mencionó también el caso de Brasil, donde afirmó que el presidente Lula da Silva «salió hablando (…) el 1 de mayo del problema de endeudamiento» vinculado a las apuestas deportivas durante el Mundial. Explicó que el gobierno brasileño impulsó un programa de reestructuración de deudas llamado Desenrola, y precisó que «uno de los requisitos es que si entrás al programa no podés operar en plataformas de apuesta durante dos años mínimo». Comparó esa situación con experiencias similares en España, donde dijo que se discute exigir que los contratos se envíen «24 horas antes de que firme la persona», para que el deudor tenga tiempo de leer las condiciones antes de comprometerse.

Un aumento del 18% en cuatro años y el problema del crédito informal

Según los datos que maneja AEBU a partir de la central de riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU), la cantidad de personas con problemas de impago aumentó «un 18% en cuatro años» entre diciembre de 2021 y marzo de 2026, lo que para Giudice confirma que «se han discutido soluciones, pero no se han hallado» y que «la cantidad aumenta». La economista indicó que analizó alrededor de diez proyectos legislativos distintos sobre la materia desde que comenzó a trabajar en el tema, hace siete u ocho años.

La economista alertó también sobre el crédito informal, en particular los llamados créditos «gota a gota», habitualmente asociados a microemprendimientos que necesitan liquidez diaria. Explicó que quienes ofrecen ese tipo de crédito «ponen las reglas que quieren poner» y que, pese a que las cuotas diarias parecen manejables, «cuando hacés la cuenta de la tasa de interés que eso tiene (…) es como exorbitante». Advirtió que endurecer en exceso los requisitos del crédito formal puede empujar a más personas hacia ese circuito informal, que consideró mucho más perjudicial: «Ojo con los requisitos que vos ponés en el crédito formal, porque esto puede implicar que la gente no acceda a lo formal y que lo informal es mucho peor».

Respecto al volumen total de la deuda, Giudice precisó que la deuda de consumo de las personas físicas representa en Uruguay cerca de «un 10% del PBI», mientras que el crédito hipotecario ronda «un 4,5%» del producto, cifras que ubican al país en una posición intermedia en comparaciones internacionales. Remarcó, sin embargo, que aunque desde una mirada macroeconómica «no son tanta plata para el sistema», sí «son un problema para un montón de familias», ya que la mayoría de los créditos morosos son de montos bajos. «La media están 20.000 pesos, 40.000 pesos», precisó.

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