Imputado por narcotráfico ingresó “por convenio con Dinali”, según Farinha
El secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, rechazó que Schubert Sebastián Álvarez Helguera, quien integró la lista 51 en el lugar 57 en las elecciones internas, fuera “un activo militante de la Lista 51 del Partido Nacional”. Álvarez que en su Facebook presenta imágenes participando en distintas barriadas y actividades partidarias de la lista 51, había ingresado a trabajar a la Intendencia de Paysandú en 2022 a través de un contrato con la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) y en 2023 pasó a la modalidad de renovación de contrato cada tres meses. Dicha renovación se obtiene a través de un certificado “libre de antecedentes” que fue emitido en junio de 2023, luego de cumplir con el período de pena. En Uruguay comprende entre 6 meses y 10 años, dependiendo principalmente del tipo de delito cometido y su gravedad. El período de cancelación de antecedentes delictivos comienza a contar en el momento exacto en que termina la pena impuesta. En este caso, la condena anterior era de 2018, según pudo saber EL TELEGRAFO. Álvarez junto a Juan Eduardo Olivera Riquelme ingresaron a Uruguay un total de 9.393 kilogramos de cocaína por el puente internacional José Gervasio Artigas. La Intendencia de Paysandú dispuso un sumario administrativo con separación de funciones y suspensión total de haberes.
Programas de rehabilitación
“La Intendencia tiene diferentes programas de inclusión vinculado justamente a las personas que se encuentran privadas de libertad”, tanto con el INR, con la Dirección Nacional del Liberado o con la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA). En el caso de la Dinali, “desde el año 2016 hasta la fecha tenemos 28 personas que pudieron acceder a un contrato de trabajo de inserción laboral. Es una especie de pasantía con una duración de 12 meses aproximadamente con un período de prueba de 15 días. El contrato es con la Dinali y se realiza un seguimiento y evaluación de la persona. En ese marco, Álvarez ingresó junto a 8 personas más”. EL TELEGRAFO tuvo acceso a un documento fechado el 20 de enero de 2022, donde señala que “en el marco del convenio celebrado entre la Dirección de Apoyo al Liberado y la Intendencia, se seleccionaron las personas de acuerdo a los perfiles determinados”. A continuación detalla a un total de ocho personas, entre las cuales se encuentra Shubert Álvarez. Bajo este vínculo, “la Dinali contrata a las personas que desempeñan tareas para esta Intendencia, abona el salario y demás rubros dentro de las 72 horas siguientes a que la Intendencia haya realizado la transferencia”. El salario bajo el formato detallado en el documento de 2022, correspondían a “4BPC y lo abonaba la Intendencia directamente a la Dinali. Fue durante ese año y con aquel formato”. Una vez pasado a la forma de contrato a término –cada 3 meses–, que es con la Intendencia, “se piden otros requisitos como el certificado de buena conducta. Es decir, sin antecedentes, y por el cual se paga lo correspondiente a un funcionario Grado 4 porque cumplía tareas como chofer en Alumbrado Público”. Farinha rechazó enérgicamente la “politiquería barata” a la que recurrieron “aquellos que otra vez mintieron cuando señalaron que la persona era chofer personal del intendente Nicolás Olivera”, y “mintieron cuando señalaron que la persona conformaba su círculo de confianza”. Aclaró que “todo lo que se ha dicho a este respecto es un intento descarado de distorsionar la realidad”. El secretario general agregó que estos acuerdos con el gobierno departamental “no son una novedad”. Recordó que la Intendencia recibió “el asesoramiento y análisis de los acuerdos por el Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que estuvo en Paysandú. Le pedimos que analizara el proceso que venía cumpliendo la Intendencia y nos alentó a seguir trabajando en la línea de dar segundas oportunidades y fomentar el ingreso de una mayor cantidad de personas”. Una vez conocida su vinculación con el hecho delictivo, Farinha confirmó que en forma inmediata se inició el procedimiento para obtener “la rescisión del contrato que, en este caso, tenía una renovación que terminaba el 31 de diciembre”.
Libre de antecedentes
“Pero vamos a la otra parte que es cuando la Intendencia requiere los antecedentes”, enfatizó el jerarca. El documento con fecha 29 de junio de 2023, detalla: “La Dirección Nacional de Policía Científica hace constar al solo efecto de ser presentado ante la Intendencia de Paysandú, Recursos Humanos, que Shubert Sebastián Álvarez Helguera se encuentra en las condiciones requeridas por el Poder Ejecutivo” y en su resolución señala “sin antecedentes judiciales”. “Es lo que se requiere. Es el certificado de buena conducta para tener la modalidad de contrato que se renueva cada tres meses. Este documento llega a la Intendencia de Paysandú recabándose además la constancia de la Oficina Nacional del Servicio Civil”. El secretario general aseguró que “todo esto echa por tierra cualquier otra información que busque vincular a una designación espuria o por clientelismo, demostrándose que estos informes dan cuenta de que las personas cumplen con los perfiles para estar incluidos en un programa de reinserción social”. Según Farinha, “claramente, los oportunistas políticos de siempre dejan en evidencia una doble moral, por un lado refieren e integran en sus programas de gobierno la inserción laboral y por otro, sin ningún reparo, en forma mezquina insultan la herramienta faltando a la verdad”.
Acceso a la información pública
El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, anunció que solicitará información a través de la Comisión Permanente, que funciona por el receso parlamentario. “La información que requiera el senador Brenta estará disponible. Es más, nos acaba de llegar una solicitud de acceso a la información pública por parte del exintendente Mario Díaz y el exsecretario general Federico Álvarez Petraglia que fueron respondidos inmediatamente, en el mismo día”, dijo Farinha. Además, fue respondida la solicitud de acceso de las edilas del Frente Amplio, Natalia Martínez y Verónica Villarreal.
En la lista 51
Farinha es diputado electo por la Lista 51 del Partido Nacional y fue consultado sobre el lugar 57 que ocupaba Álvarez en las elecciones internas del pasado 30 de junio. “Los partidos políticos tienen una base de organización social. Son cientos y miles de personas que se vinculan a través de estas organizaciones para participar de las instancias democráticas. En ese número de personas, es muy difícil implementar instancias de control. Sobre todo cuando no son lugares de preponderancia o responsabilidad política, sino que son adherentes. En este caso puntual, ni siquiera estaba afiliado al Partido Nacional”, informó Farinha. El jerarca desconoce si la lista de las internas está integrada por otras personas o familiares vinculados a privados de la libertad. “Porque a quienes quieren participar de la actividad política no se les piden antecedentes de sus circunstancias personales o familiares. Y si fuera este caso particular, esta persona estaba –antes de este hecho—‘libre de antecedentes judiciales’”. Explicó que “las personas manifiestan su voluntad de apoyar una propuesta que, en este caso, se refiere a las elecciones internas. A partir de acá, entonces pareciera que la lógica sería analizar a cada una de las personas que comete un delito o consultarle a qué partido adhieren para realizar un juicio de valor”. Además, “hay que analizar lo que establece la Constitución y sus limitantes. No creo que haya que analizar esta situación desde el punto de vista de la patología y sobre todo para caer en afirmaciones que no son las que corresponden”.
Rechazo
Farinha señaló que “hay que rechazar estas prácticas perversas de usar estas situación para enredar la madeja y mentir diciendo que era chofer del intendente. O faltar a la verdad al decir que era un dirigente de primera línea, y no era así. Tuvimos instancias posteriores de elecciones y esta persona no figura”. Enfatizó que “en pocas horas vimos un reguero de información a partir de una calificación que se realiza en una noticia que empezó a escalar y, sobre todo, a desvirtuar sin ir a la base, en un accionar claramente reprobable de aquellos que viven permanente de prácticas carroñeras que degradan la política”. El jerarca dijo que “se desvirtuó para generar opacidad, con falacias, vinculándolo a la Fundación A Ganar o que había ingresado a dedo, justamente para deslegitimar lo que realiza la institución. Es ponerle una mácula a la actividad política partidaria, principalmente pensando en quien lidera la agrupación. O en mi caso, como diputado electo. Eso merece un duro rechazo porque trasciende el punto de vista político y se va a lo personal”. Aclaró que “en forma liviana e irresponsable se acusa de la compra de voto por dinero o por puestos de trabajo, algo que está penado por la Ley Electoral. Cuando con malicia, sin ninguna prueba, se anuncia de esa manera, se busca afectar la imagen institucional y personal de quienes hacemos esta actividad. Y detrás nuestro, también hay una familia”. Finalmente, en tiempo electoral “los oportunistas de siempre, aquellos que han fracasado en la actividad política buscan posicionarse en el barro con falsos relatos. Son quienes además han estado permanentemente en la misma lógica, oponiéndose a todo siempre. No están por un interés altruista, sino en buscar un interés electoral a menos de 5 días del balotaje”. Concluyó que “visto las informaciones de las últimas horas, me gustaría saber qué van a opinar. Qué van a decir, respecto de la situación que se conoció hoy, con las listas del candidato Orsi. Un integrante de su lista y, a su vez, funcionario municipal de Canelones retiraba una tonelada de pasta base de la playa de San Luis”.
EL TELEGRAFO
