Humo tóxico y promesas vacías: La agonizante realidad del vertedero de Salto
La situación en el vertedero municipal de Salto continúa siendo crítica, meses después del incendio inicial ocurrido el 1 de febrero. A pesar de las reiteradas denuncias de los vecinos afectados por el humo constante y los nuevos focos ígneos, las respuestas oficiales han sido catalogadas como «insatisfactorias».
La controversia se intensificó esta semana luego de que la Intendencia de Salto y el Ministerio de Ambiente difundieran una evaluación que calificaba como «prolijo» el trabajo realizado en el vertedero, sorprendiendo incluso a técnicos nacionales por la gestión. Sin embargo, esta visión contrasta fuertemente con el testimonio de los residentes y expertos en la materia.
En diálogo con Valor Alegado Norte, la ingeniera agrónoma y magíster en Ciencias Ambientales, Alexandra Bozzo, docente del Udelar y vocera de los vecinos afectados, describió un panorama alarmante. «Los vecinos de la zona se siguen quejando, los incendios siguieron, casi cada dos días se prenden nuevamente los residuos, porque obviamente que se siguen depositando esas 100 toneladas diarias. Siempre hay como materia prima para ese incendio, es como que de nunca acabar», explicó Bozzo.
La ingeniera enfatizó que el humo «altamente tóxico» sigue afectando la calidad de vida y la salud de cientos de familias en un radio de al menos dos kilómetros. El Grupo de Estudios Territoriales está llevando a cabo un relevamiento para cuantificar el impacto social y económico, incluyendo la posible contaminación de las napas de agua, de las cuales muchos vecinos se abastecen.
Bozzo detalló la preocupación por la quema indiscriminada de plásticos, gomas y baterías en un vertedero a cielo abierto, liberando al aire dioxinas y furanos, compuestos químicos altamente peligrosos y cancerígenos. «Lamentablemente no está medido, pero sin duda que esto repercute en la salud. Si bien no tenemos números, lo que estamos tratando de es ese relevamiento», señaló.
La situación se agrava ante la falta de respuestas concretas y la aparente resistencia a la transparencia. Según Bozzo, la Intendencia negó la autorización al equipo de investigadores de Udelar para realizar un relevamiento de las aguas subterráneas, argumentando la inexistencia de un convenio institucional. «Lo que percibimos todos es que no se quieren tener los resultados. No les conviene tener los resultados acá, hay miedo atrás», afirmó la ingeniera.
La sorpresa e indignación de los vecinos fue palpable ante la reciente evaluación positiva del Ministerio de Ambiente. «Eso es lo que vimos realmente los vecinos, imagínate cómo están, ¿no? Que el Ministerio de Ambiente felicite cuando acá vemos, viendo los impactos de hace años que hay en el vertedero una desprolija total en todo lo que es la tapa de residuos», lamentó Bozzo, describiendo cómo la falta de tierra para cubrir los desechos obliga a realizar canteras que podrían estar en contacto con las aguas subterráneas.
La ingeniera también desmintió las afirmaciones sobre buenas condiciones para el reciclaje dentro del vertedero, describiendo condiciones «intra humanas» para los trabajadores que manipulan materiales sucios en medio del humo constante.
Ante esta realidad, los vecinos y expertos urgen a la implementación de soluciones reales y a corto plazo. Bozzo propuso una gestión adecuada de los residuos desde su origen, fomentando la separación y el reciclaje, y la construcción de un relleno sanitario que controle los liquidos y los gases. A corto plazo, solicitan que se deje de arrojar residuos en las zonas donde aún hay humo para no alimentar los incendios.
«Esta gente paga impuestos y no es justo que estén viviendo como viven, hay embarazadas, hay niños, quienes les afecta el trabajo. Los trabajadores ya no quieren ir porque tienen náuseas, vómitos por el humo permanente, o sea, no hay derecho», sentenció Bozzo, aclarando que la iniciativa no busca confrontar, sino garantizar derechos básicos como respirar aire limpio y vivir en un ambiente sano.
La ingeniera concluyó con un llamado a la acción a los actores políticos para que se pongan en el lugar de los vecinos y busquen soluciones urgentes. Mientras tanto, el relevamiento social continúa para obtener datos objetivos del impacto, y se espera avanzar en la posibilidad de un convenio entre la Intendencia y el UDELAR para realizar estudios técnicos, aunque la voluntad de ambas partes es fundamental. La comunidad de Salto espera respuestas concretas y acciones inmediatas para poner fin a la angustiante situación que atraviesan.