Fiscalía amplía investigación por trata de adolescente sanducera y busca otras víctimas y cómplices

La Fiscalía de Paysandú investiga la posible existencia de otras víctimas y la participación de terceros en el caso de trata con fines de explotación sexual de la adolescente sanducera de 15 años que fue trasladada a Argentina. El fiscal letrado departamental de Segundo Turno, Joaquín Suárez Bozzolo, confirmó que se desarrollan múltiples diligencias para determinar si existieron otros delitos y reveló que también se abrió una investigación específica sobre las circunstancias en que la menor atravesó el paso fronterizo. Asimismo, ratificó que Uruguay insistirá en la extradición del imputado, aunque su procesamiento con prisión preventiva en Argentina podría demorar el traslado.
Las declaraciones del fiscal aportan nuevos elementos sobre las actuaciones en Paysandú, paralelamente al procedimiento judicial argentino contra C.A.B.M., de 37 años, detenido el 18 de octubre en la localidad bonaerense de Campana, donde fue encontrada la adolescente.
“Son múltiples las medidas de investigación que ya se obtuvieron y que se están desarrollando, tanto sobre la existencia del delito que se está investigando, así como también la existencia de otros delitos y la identificación de otras víctimas y de eventuales terceros que pueden haber colaborado”, explicó Suárez Bozzolo.
“No descartamos la participación de ningún tercero y en esos términos es que estamos investigando. No descartamos la participación de ninguna persona en la investigación que se está desarrollando”, afirmó. Esto adquiere particular relevancia ante los elementos incorporados al expediente argentino, que revelan antecedentes del imputado vinculados con actividades sexuales comerciales, un intento anterior de trasladar a otra joven familiar de la adolescente hacia Argentina y testimonios que lo relacionan con presuntas estafas y otras conductas eventualmente delictivas

INVESTIGAN EL CRUCE FRONTERIZO

Otra de las novedades anunciadas por Suárez Bozzolo es la apertura de una línea de investigación sobre las circunstancias en que la adolescente atravesó el puente internacional General Artigas sin cumplir los procedimientos migratorios correspondientes. El fiscal confirmó que “se abrió otra línea de investigación respecto a las circunstancias en las que se dio este traspaso de la adolescente por el paso fronterizo”.
Según establece el expediente argentino, el imputado ingresó a Uruguay el viernes 16 de octubre a las 7.12 y registró su salida hacia Argentina a las 8.15, conduciendo una camioneta Peugeot Partner. Previamente habría recogido a la adolescente cerca de su domicilio.Al llegar al paso fronterizo, le indicó que descendiera del vehículo y atravesara caminando hacia la zona del free shop, mientras él completaba el cruce en la camioneta. La joven debía manifestar que se dirigía al comercio fronterizo si era interrogada.
Posteriormente elaboró un croquis del recorrido y de las instrucciones recibidas, incorporado como prueba judicial. La resolución también establece que el hombre habría arrojado el teléfono celular de la adolescente al río Uruguay para impedir que pudiera ser localizada mediante su geolocalización.

INSISTIRÁN EN LA EXTRADICIÓN

Suárez Bozzolo ratificó que la Fiscalía sanducera pretende que el detenido sea extraditado para responder ante la Justicia uruguaya, pese a su procesamiento con prisión preventiva en Argentina por trata con fines de explotación sexual, abuso sexual y delitos migratorios. “Es un avance importante en la investigación y es un nuevo ejemplo de éxito de este trabajo coordinado que se ha realizado entre ambas autoridades”, manifestó.
“Es natural y esperable que la Justicia argentina investigue los delitos que se cometieron en su jurisdicción, de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros”, agregó.
Sobre la extradición, aclaró que el procesamiento argentino no determina necesariamente su rechazo. “Insistimos en que entendemos que corresponde que el mismo sea juzgado en suelo uruguayo. Para eso ya estamos trabajando también en coordinación con la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación para poder realizar el traslado del imputado acá a suelo uruguayo”, señaló.
No obstante, admitió que la situación judicial en Argentina podría modificar los tiempos del procedimiento. “Naturalmente, el dictado de este procesamiento puede llegar a incidir, sobre todo, en cuanto al tiempo en que se pueda efectivizar ese traslado, pero al respecto estaremos a lo que se resuelva en este proceso de extradición”, explicó.
“No vamos a especular ni en cuanto a resultados ni en cuanto a los plazos en que se pueda llegar a dar la misma”, puntualizó.

LA INVESTIGACIÓN CONTINUARÁ

El fiscal aseguró que las actuaciones en Paysandú continuarán cualquiera sea el resultado del procedimiento de extradición. “Nuestro compromiso con la investigación es independiente del resultado de la extradición. Vamos a seguir aunando todos los esfuerzos para continuar con la investigación y seguir con este ánimo también de colaboración, independientemente de si resulta, a fin de cuentas, que el procedimiento sea en Argentina o en Uruguay”, sostuvo.
Suárez Bozzolo destacó especialmente el trabajo con la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay. “No queda más que destacar, como siempre, la excelente relación de trabajo que hemos tenido, en especial con la Fiscalía de Concepción del Uruguay, en donde la comunicación ha sido constante y también el intercambio de información entre ambos, que ha redundado en avances concretos e importantes en ambas orillas”, afirmó.
En ese contexto, subrayó que existe “claramente un compromiso compartido entre ambas autoridades para llegar al fondo del asunto y eventualmente que se dispongan las responsabilidades penales que corresponden”.

DECLARACIÓN DE LA ADOLESCENTE

Otra diligencia de especial importancia será la declaración judicial de la víctima, cuya recepción dependerá de las evaluaciones de los profesionales encargados de su protección. Suárez Bozzolo afirmó que “como elemento de evidencia absolutamente relevante en estos casos va a ser la declaración de la víctima”.
“Vamos a esperar todos los informes técnicos necesarios, entre ellos de INAU y también la Unidad de Víctimas que están trabajando al respecto, para ver cuándo vamos a estar en condiciones de poder contar, si es que lo estiman conveniente los técnicos, con la declaración de la misma”, explicó.
También deberá establecerse si esa instancia se cumple en Uruguay o Argentina. Respecto de la asistencia, confirmó que los equipos especializados comenzaron a intervenir inmediatamente después de la localización de la adolescente. “El trabajo de la Unidad de Víctimas está desde el momento uno, desde que la misma fue habida en territorio de Campana. Ya se empezaron las coordinaciones, hay un equipo designado específicamente para trabajar con la misma y que también está trabajando en el lugar donde está residiendo actualmente la adolescente en amparo”, indicó.

LO QUE REVELA EL EXPEDIENTE ARGENTINO

Las investigaciones mencionadas por el fiscal encuentran elementos de particular interés en la resolución de 74 páginas dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, a la que accedió EL TELEGRAFO.
Uno de los aspectos más significativos es que C.A.B.M. había mantenido anteriormente un vínculo una familiar de la adolescente, a quien habría intentado trasladar a Argentina para desarrollar actividades sexuales comerciales.
Según su declaración, conoció al imputado aproximadamente dos años antes a través de una página de acompañantes, cuando él se presentó como cliente. Posteriormente comenzó a intervenir en la organización de esa actividad, administrando contactos, coordinando encuentros y trasladándola a distintas localidades uruguayas.
La testigo mencionó viajes a Mercedes y Trinidad, donde el hombre habría gestionado los contactos con clientes y retenido parte del dinero obtenido. También declaró que C.A.B.M. le ofreció trasladarse a Argentina para continuar desarrollando esa actividad, actuando como su representante y encargándose de las publicaciones, los clientes y los pagos.
Para ello le aseguró que disponía de una quinta en Campana y que no tendría que preocuparse por los gastos de alojamiento ni alimentación. El proyecto no llegó a concretarse.
Al valorar estos antecedentes, el magistrado argentino sostuvo que “de lo expuesto surge que la principal destinataria del plan de (B.M.) era (…). Durante meses insistió en llevarla a Campana para desarrollar con ella esa actividad. Frustrada esa posibilidad, el imputado dirigió sus esfuerzos por convencer” a la adolescente.

PRESUNTAS ESTAFAS Y OTRAS ACTIVIDADES

La declaración de la víctima mayor de edad también contiene referencias a actividades presuntamente desarrolladas por el imputado que podrían constituir delitos independientes.
Según recoge el expediente, la mujer manifestó que C.A.B.M. le había contado que elaboraba pastillas con THC, componente psicoactivo del cannabis, y cometía estafas mediante la plataforma Mercado Libre utilizando cédulas de identidad ajenas. También declaró que el hombre le había dicho que adquirió un automóvil mediante préstamos fraudulentos gestionados en Paysandú.
Estas manifestaciones forman parte de un testimonio judicial, pero no constituyen hechos comprobados ni integran las imputaciones por las cuales fue procesado en Argentina.
La testigo mencionó asimismo que el imputado tendría un primo en Concepción del Uruguay, a quien vinculó con reuniones donde presuntamente se habrían producido episodios de violencia sexual contra mujeres. Tampoco estas afirmaciones se encuentran judicialmente acreditadas.

TELÉFONOS, CONTACTOS Y MENSAJES

La resolución argentina incorpora los resultados de las pericias sobre los dispositivos electrónicos incautados durante el allanamiento en Campana. En uno de los teléfonos se encontraron búsquedas relacionadas con servicios de acompañantes, correos de plataformas de oferta sexual y conversaciones sobre tarifas, clientes, alojamientos, horarios y administración de dinero. Los investigadores constataron además que el dispositivo tenía instalada una aplicación WhatsApp Business con 1.214 contactos agendados.
Las comunicaciones fueron valoradas por el magistrado como parte de los elementos vinculados con la actividad sexual comercial que el imputado habría administrado anteriormente.
También se recuperaron mensajes intercambiados con la adolescente durante los días previos a su desaparición, en los que le ofrecía trasladarse a Argentina, vivir juntos y alejarse de las dificultades que atravesaba.
El juez señaló que el hombre conocía circunstancias personales y familiares de la joven y habría aprovechado esa vulnerabilidad para ganarse su confianza. En una de las conversaciones, el imputado dijo que “sé cómo manejarme, cómo moverme desde lo digital de forma discreta e inrastreable, no es algo que tengas que preocuparte en lo más mínimo”.
Para el magistrado, esos mensajes, junto con las demás pruebas, permiten considerar que existió una planificación del traslado mediante promesas de protección y bienestar que ocultaban la finalidad atribuida al imputado.

SIN EXPLOTACIÓN SEXUAL CONSUMADA

La resolución judicial también realiza una precisión importante sobre los delitos investigados. “En el caso no se ha verificado que la explotación sexual de (la adolescente) haya llegado a producirse”, establece el magistrado, aclarando que esa circunstancia no es necesaria para configurar el delito de trata.
La legislación argentina contempla esa figura penal cuando se acreditan conductas de captación, traslado o acogimiento con fines de explotación, aunque esta última no llegue a consumarse.
El juez consideró reunidos elementos suficientes para procesar al imputado por trata agravada mediante engaño y aprovechamiento de la vulnerabilidad de una víctima menor de edad.
También valoró declaraciones e informes médicos sobre presuntos contactos sexuales no consentidos durante el traslado y la permanencia en Campana, que sustentaron la imputación separada por abuso sexual simple.
El magistrado dispuso la prisión preventiva de Barrere Molinari y un embargo sobre sus bienes por cinco millones de pesos argentinos. El procesamiento no constituye una condena definitiva.

EL TELÉGRAFO