Fiscal Perciballe pide condenas de 15 años para exmilitares por torturas cometidas en San Javier
Fiscalía uruguaya solicita penas de 11 a 15 años para 11 exmilitares por torturas cometidas entre 1980-1984 en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos.
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, formalizó una acusación contra 11 exmilitares por delitos cometidos en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos entre 1980 y 1984. Los hechos incluyen torturas, privación de libertad y lesiones graves contra integrantes de la comunidad de San Javier, según documentos judiciales a los cuales accedieron medios de prensa.
Las penas solicitadas oscilan entre 11 y 15 años de cárcel, dependiendo del grado de participación. Los principales acusados, Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez, enfrentan la máxima sanción: 15 años y seis meses de prisión. Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy recibirían 14 años y medio, mientras otros cinco imputados tendrían condenas menores.
Los crímenes investigados afectaron a al menos 11 personas, entre ellas Aníbal Lapunov Velichcov, Hugo González Sierra y Ricardo Bozinski Schevzov, detenidos en 1980. En 1984, la represión se extendió a miembros de la colonia rusa de San Javier, acusados falsamente de vínculos con un supuesto cargamento de armas soviético.
La fiscalía determinó que las detenciones respondieron a un plan del Servicio de Información y Defensa durante la dictadura. “Las órdenes incluían trasladar a un preso desde el Penal de Libertad y detener a civiles por su imaginaria conexión con el Partido Comunista del Uruguay (PCU)”, señala el texto de la acusación.
Fiscal Perciballe formaliza acusación por lesa humanidad en Fray Bentos
Los delitos de privación de libertad fueron calificados como “específicamente agravados” por motivos políticos y la condición de funcionarios públicos de los acusados. Perciballe destacó la impunidad estructural que permitió estos actos: “Los oficiales actuaron con libertad, sabiendo que sus ilícitos no serían investigados ni sancionados”.
La acusación también menciona la responsabilidad de jueces sumariantes, cuya complicidad fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Un fallo de abril de 2024 condenó a uno de estos jueces por coautoría en el homicidio de un detenido bajo torturas, reforzando el marco legal para este caso.
La muerte del médico Vladimir Roslik, ocurrida en el mismo batallón en 1984, no forma parte de esta causa debido a una sentencia firme bajo el antiguo código penal. En 2014, la SCJ rechazó reabrir el caso tras considerar cosa juzgada la condena de cuatro meses al militar Sergio Caubarrére en 1984.
La jueza a cargo tiene un plazo de 10 días para convocar la audiencia de control de acusación, donde se definirá qué pruebas serán admitidas en el juicio oral. Este proceso marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar uruguaya.
LA REPÚBLICA
