Europa vulnera sistemáticamente los protocolos de la ONU para investigar muertes a manos de la Policía

Un informe revela que muchos países no investigan las muertes o torturas policiales y que, incluso en los casos investigados, el 86,6 % de los agentes implicados no recibe ningún tipo de sanción.

El grupo periodístico CIVIO ha publicado un informe basado en datos oficiales de la Unión Europea que documenta que, entre 2020 y 2022, al menos 488 personas murieron bajo custodia policial o durante operaciones policiales en trece Estados miembros. El Estado francés encabeza la lista con 107 muertes, seguido de Irlanda (72), el Estado español (66) y Alemania (60).

El estudio señala un patrón común de silencio, falta de transparencia y ausencia de estandarización en casi todos los países analizados. La mayoría de los Estados miembros no publican datos regulares sobre muertes policiales, y nueve de ellos rehusaron ofrecer información, incluso cuando fue solicitada por instituciones de la UE. Cuatro países —entre ellos Italia y Rumanía— se negaron directamente a facilitar cualquier dato. Según el Consejo de Europa, esta opacidad se agrava por la falta de una definición clara de lo que constituye una muerte bajo custodia policial.

Migrantes y personas con problemas de salud mental, las principales víctimas

El perfil de las víctimas muestra una tendencia alarmante: personas migrantes y con trastornos mentales son los más afectados. En los países que sí proporcionaron información sobre la nacionalidad de las víctimas, la mitad eran de origen extranjero. Además, un estudio realizado en los Países Bajos reveló que el 70 % de las personas fallecidas tenía algún trastorno mental, un patrón que se repite en otros Estados europeos.

Armas de fuego y muertes “naturales”

Aunque no existe una definición común de “muerte policial”, el informe constata que la mayoría de los fallecimientos fueron causados por armas de fuego, responsables de una tercera parte de las muertes registradas. Solo en el Estado francés y Alemania, la policía mató a 68 personas por disparos en los tres años analizados.

Las muertes relacionadas con el uso de pistolas Taser —consideradas “no letales”— y las catalogadas sin explicación como “naturales” ocupan el segundo y tercer lugar. El Estado español destaca especialmente por esta última clasificación: 27 de los 66 fallecimientos fueron etiquetados como “muertes naturales”, a menudo sin contexto ni explicación detallada. Con estos datos sobre la mesa, Interior redobla el armamento para sus agentes: la Policía Nacional española y la Guardia Civil amplían su arsenal de pistolas táser hasta 3.400.

Impunidad policial generalizada

El modo en que se investigan estos hechos contraviene directamente el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, que exige pero no garantiza «investigaciones independientes y transparentes». Los países que incumplen estas obligaciones no enfrentan sanciones significativas. Por ejemplo, Austria reconoce abiertamente que, más allá de realizar autopsias, no lleva a cabo investigaciones adicionales.

Desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado 236 veces a distintos Estados de la UE por negarse a investigar adecuadamente casos de tortura o malos tratos policiales, entre ellos al Estado español, que ha sido condenado una decena de veces, y en más de la mitad de los casos el juez instructor responsable era Fernando Grande Marlaska, actual ministro del Interior.

Aun así, el informe denuncia que los agentes implicados rara vez sufren consecuencias. Entre 2020 y 2022, solo 97 casos llegaron a juicio, y solo uno terminó con una condena de prisión. En cambio, 84 casos —el 86,6 %— se saldaron sin ningún tipo de sanción para los agentes responsables.

DIARIO SOCIALISTA