El Parlamento Europeo congela el acuerdo Mercosur–Unión Europea y lo envía a la Justicia comunitaria

El Parlamento Europeo resolvió por un margen mínimo enviar el acuerdo Mercosur–Unión Europea al Tribunal de Justicia comunitario, una decisión que congela su avance por hasta dos años y reaviva la presión de los productores europeos, con Francia como actor clave en la interna.

La noticia sacudió el arranque de la jornada informativa en Valor Agregado: el acuerdo Mercosur–Unión Europea, que venía de ser celebrado tras la firma y las ceremonias oficiales en Asunción y Brasil, quedó congelado en Europa luego de una votación clave en el Parlamento Europeo. La información fue confirmada por Tomás Friedmann, corresponsal en Europa y referente en el seguimiento de los principales temas internacionales.

“Esto era previsible, muchos no lo creían porque no conocen cómo funciona la Unión Europea”, explicó Friedmann al comenzar su análisis, señalando que la decisión parlamentaria representa un freno político y jurídico de enorme magnitud para el tratado que el Mercosur esperaba desde hace décadas.

Según detalló el corresponsal, el Parlamento Europeo aprobó este martes una moción impulsada por 150 eurodiputados, mediante la cual se resolvió elevar el acuerdo Mercosur–Unión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El objetivo es que ese organismo determine si el texto es compatible con los tratados comunitarios.

La votación fue extremadamente ajustada: 334 votos a favor y 324 en contra, un margen mínimo que refleja la fuerte división interna que genera el acuerdo dentro del bloque europeo. La decisión se convirtió rápidamente en titular en los principales portales informativos de Alemania, España, Italia y Francia, en un contexto donde el tema ya venía concentrando la atención mediática.

Los argumentos: “autonomía regulatoria” en riesgo
El argumento central de los eurodiputados que promovieron el freno al acuerdo es el temor a que el tratado pueda afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea. En otras palabras, sostienen que su aplicación podría limitar la capacidad del bloque para fijar sus propias normas internas en diferentes ámbitos.

Consultado por periodistas en Bruselas, el Tribunal de Justicia Europeo respondió que no existe un plazo fijo para emitir sentencia, pero que los antecedentes en casos similares marcan un rango de entre 18 y 24 meses, lo que implica un período de análisis que podría extenderse hasta dos años.

“Entonces el acuerdo está congelado, paralizado”, resumió Friedmann, graficando el impacto inmediato de la decisión parlamentaria.

Tras la resolución del Parlamento, la Comisión Europea —presidida por Ursula von der Leyen, y responsable de impulsar el acuerdo— reaccionó rápidamente. Según Friedmann, desde la Comisión sostuvieron que no están justificadas las dudas legales planteadas por los eurodiputados.

La postura del Ejecutivo europeo es que las consultas necesarias ya fueron realizadas y que los aspectos jurídicos están “solucionados”, del mismo modo que ocurrió con acuerdos recientes como el firmado con Chile o la modernización del acuerdo con México.

Sin embargo, el contexto político en el que se produjo la votación agrega un componente de tensión evidente: el Parlamento votó “rodeado de tractores”, con miles de productores agrícolas movilizados en contra del acuerdo en las calles, en una postal que se repitió en distintos puntos de Europa.

¿Puede aplicarse de forma provisoria?
Ante la posibilidad de que el acuerdo pueda entrar en vigencia de manera provisional mientras se aguarda el fallo judicial, Friedmann fue claro: la Comisión Europea tiene esa potestad, pero nunca ocurrió en una situación como esta.

Aplicarlo provisoriamente implicaría un choque institucional directo entre el Ejecutivo europeo y el Parlamento, que no solo representa a 720 eurodiputados, sino que además es el órgano que define temas clave como el presupuesto comunitario y la aprobación final de tratados.

Además, el propio Parlamento debería votar el acuerdo para habilitar su funcionamiento. Y si lo envió al Tribunal de Justicia, el escenario más probable —según el corresponsal— es que ahora diga: “lo acabamos de mandar al Tribunal, por ahora no lo vamos a tratar”.

En la lectura política del corresponsal, hay un país que aparece como protagonista: Francia. “Ninguna duda”, afirmó Friedmann al ser consultado sobre si París está moviendo los hilos para frenar el tratado.

Recordó que el presidente Emmanuel Macron ya había transmitido tranquilidad a los productores franceses movilizados, asegurando que el país continuaría operando para trabar el acuerdo dentro de las instituciones europeas. Y en esa línea, anticipó que Francia desplegaría un fuerte lobby parlamentario para impulsar justamente este paso: la revisión por parte del Tribunal de Justicia.

Friedmann también recordó que, en la votación previa por mayoría cualificada, Francia no votó a favor, al igual que Austria, Irlanda y Bélgica, lo que muestra que el acuerdo nunca estuvo completamente consolidado en el corazón político de la Unión Europea.

“Un acuerdo Unión Europea–Mercosur sin Francia no me sonaba realista”, comentó, comparándolo con la idea de un acuerdo regional sin Brasil: algo que puede ocurrir formalmente, pero que no encaja con el peso real de los actores involucrados.

Un “balde de agua fría” para el Mercosur
La noticia cayó como un golpe en un momento donde, en el Mercosur, ya se discutían los pasos prácticos de implementación. En Uruguay, por ejemplo, se analizaba cómo repartir las cuotas entre los cuatro países del bloque, incluyendo la cuota de 99 mil toneladas de carne vacuna, y se evaluaban impactos positivos y desafíos para sectores sensibles como la lechería.

“Es un balde de agua fría”, definió Friedmann, señalando que si bien era un escenario conocido por los gobiernos —no una sorpresa total—, muchos actores preferían no instalarlo en la discusión pública.

El corresponsal advirtió además sobre el riesgo de abrir una “zona gris” jurídica: incluso si se intentara una aplicación provisoria, podrían aparecer demandas o cuestionamientos legales que complejicen todavía más el proceso.

Por ahora, el acuerdo queda en pausa y el escenario vuelve a llenarse de interrogantes. “Vamos a esperar las próximas horas, porque habrá novedades sin lugar a dudas”, concluyó Friedmann, anticipando que el tema seguirá generando repercusiones inmediatas tanto en Europa como en el Mercosur.

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