La madre de Martínez falleció a los 57 años, con visibles consecuencias de las agresiones sufridas a manos de su esposo.
Hace menos de diez años, la mujer fue encerrada por el hombre en un baño, donde prácticamente no tenía alimentos y sufrió varios episodios de hipotermia producto del frío que se colaba por puertas y ventanas.
En ese entonces, la víctima logró escapar y salió a la calle deambulando. Cuando la Policía dio con ella, notó que estaba medicada con fuertes ansiolíticos y otras drogas que no habían sido recomendadas por ningún profesional. Es decir, su esposo la había drogado para mantenerla encerrada.
En otra ocasión, la mujer llegó a la emergencia de un hospital con solo dos dientes. Su esposo, en un ataque impulsivo, le rompió todas las piezas dentales tras propinarle alrededor de 20 golpes de puño en la cara.
Mientras tanto, Moisés Martínez crecía viendo esas escenas de violencia y sin entender del todo qué sucedía, porque su madre —en intentos casi inútiles— buscaba evitar que sus hijos presenciaran las agresiones. Pero el niño, de tan solo cuatro años, no quedó por fuera de ese esquema: golpes, patadas, insultos, gritos y promesas de matarlo se transformaron en su día a día.
El defensor de Martínez, Marcos Prieto, alegó que el día del asesinato el hombre se encontraba en un “estado de colapso mental agudo” producto de las revelaciones que había tenido días antes.
Esto causó en él un trauma complejo y una desorganización psíquica, que impactó de lleno en los actos que luego llevaría adelante, añadió Prieto en sus alegatos, e insistió en que los argumentos surgen de pericias realizadas por profesionales.
En este sentido, pidió a la Justicia que se aplique el artículo 36 del Código del Proceso Penal, que establece que, luego de vivir situaciones crónicas de violencia, una de las víctimas termina con la vida del agresor.
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