De Brum advierte sobre compromiso de frigoríficos: «Lesiona la confianza y busca imponer condiciones al eslabón más débil»

El escenario de la cadena cárnica uruguaya suma un nuevo foco de tensión tras conocerse el borrador de un «compromiso de proveedores de hacienda» impulsado por la industria frigorífica. Para el Dr. Horacio de Brum, abogado especialista en Derecho Agrario y actual diputado por el departamento de Salto, el documento no solo es redundante, sino que representa un riesgo jurídico para el productor rural.

De Brum analizó los alcances de este documento privado que la Cámara de la Industria Frigorífica pretende implementar. El texto exige que el productor reconozca obligaciones vigentes —como el no uso de hormonas o el respeto de los tiempos de espera tras tratamientos sanitarios— bajo la amenaza de perder el derecho al cobro del ganado enviado en caso de detectarse irregularidades.

La clave del conflicto radica en la naturaleza de la relación entre los actores del sector. De Brum fue tajante al señalar que la obligatoriedad de un documento de este tipo podría ser contraproducente: «Nunca las cosas que se imponen salen bien. Este documento, en caso de hacerse obligatorio, lo que hace es lesionar uno de los valores fundamentales que tenemos en los agronegocios: la confianza.»

Aunque reconoció que el productor que incumple la normativa sanitaria debe ser sancionado, cuestionó la necesidad de un contrato privado que «ata de pies y manos» al ganadero frente a variables que él no siempre controla, como la composición de productos de laboratorio o los procesos posteriores al embarque.

Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la pérdida de garantías procesales. Según de Brum, el documento busca que el productor renuncie anticipadamente a su derecho de defensa administrativa o judicial.

– Pérdida de control: El productor pierde la guarda de los animales en el momento en que salen del establecimiento.

– Redundancia normativa: La legislación actual, incluyendo el Decreto 369/83, ya otorga al Ministerio de Ganadería (MGAP) la potestad de resolver sobre la destrucción de carne contaminada.

 – Abuso de posición dominante: Con una industria altamente concentrada en pocas firmas, de Brum advierte que, si el documento se vuelve obligatorio, el productor no tendrá canales de venta alternativos si decide no firmar.

Consultado sobre si la normativa actual es suficiente, el abogado fue enfático al decir que la industria ya cuenta con herramientas legales como la «excepción de contrato no cumplido» para retener pagos ante faltas probadas. «Querer imponer un documento generado solamente por un integrante de la cadena cárnica es un error. Esto hay que mirarlo de forma holística e integral», afirmó de Brum, subrayando que la industria frigorífica es la parte más fuerte frente a un eslabón más débil que es el productor.

El debate queda abierto mientras el sector analiza si este compromiso será un insumo para el diálogo o una imposición que marque un antes y un después en la relación comercial del campo uruguayo.