“Este proyecto incluye un control de ingreso a través de cámaras. La meta es encontrar una forma ágil, rápida y segura de registrar quién va a clase, para que las autoridades tengan información precisa y en tiempo real sobre el ausentismo”, dice el proyecto.
Esto generó críticas en redes sociales, incluido de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).
“¿Vigilancia o emancipación? La ANEP comenzará un plan piloto, en el liceo de Piriápolis, para controlar la asistencia de los alumnos mediante reconocimiento facial. Desde la Fenapes estamos siguiendo con profunda sorpresa esta noticia que no fue informada en ningún ámbito bipartito y a la cual accedimos por trascendidos de prensa”, publicó el gremio en un comunicado.
En ese sentido, sostiene que “esta iniciativa vulnera la privacidad y las libertades individuales y afecta la soberanía de datos”, y que “el Estado cede este sensible terreno a empresas privadas”.
“La asistencia, objetivo al que obedece el plan, no es un dato técnico, sino un elemento de profundidad social: pobreza, trabajo adolescente, transporte, salud, pertenencia. Es la paradoja del control: se mide la ausencia con precisión, pero no se atienden sus causas. Por otra parte, pero no menos importante, en plena discusión presupuestal, entendemos que es necesario debatir la orientación de los recursos: se invierte en cámaras y software en lugar de cargos, transporte, alimentación, becas y equipos multidisciplinarios”, critica Fenapes.
Elsa Capillera, diputada suplente del Partido Colorado también criticó el planteo: “En los asentamientos sin agua caliente… En los liceos, cámaras de reconocimiento facial…Prioridades. Control facial sí. Techo digno no. Así entienden la educación…”.
Por su parte, el edil blanco Fabián Bravetti señaló los “riesgos” de este tipo de mecanismo, ya que implica “datos sensibles, que en Europa requieren consentimiento informado y opción de negarse”.
“Uruguay estaría entrando en una zona gris, usando a los estudiantes como ‘conejillos de indias’ de soluciones tecnológicas que rozan el control y el uso de datos muy sensibles con riesgo de filtración y función ampliada”, afirmó.
Pablo Romero García, docente de la Universidad Claeh, opinó en la red social X que se trata de “un disparate que ya ha generado problemas en algunos países donde se aplica, incluso siendo declarado ilegal en Francia, donde se planteó un proyecto similar”.
