La investigación sobre la organización que según Fiscalía incurría en trata de personas en Centenario, departamento de Durazno, de donde se retiró a 17 mujeres que estaban viviendo en el lugar del hecho, es resistida por Nicolás Ghizzo, abogado defensor del hombre imputado.
El sábado desde la Fiscalía informaron que una investigación liderada por el la Fiscalía de Delitos Especiales había logrado desbaratar esta organización. La Policía allanó una whiskería donde se desarrollaba presuntamente una actividad ilícita con la explotación sexual de mujeres mayores de edad, tanto de nacionalidad uruguaya como extranjeras —dos venezolanas, dos dominicanas y una cubana—. La fiscal Alicia Ghione pidió que estuviera en prisión preventiva por 120 días mientras sigue investigando.
En diálogo con Montevideo Portal, Ghizzo dijo que se trata de 27 mujeres en total, cuyo promedio de edad son los 35 años. Según dijo, las presuntas víctimas manifestaron “apoyo incondicional” a su defendido y pretenden ser convocadas “urgentemente” para declarar con el objetivo de que “esto se aclare”.
“Ahora la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía las está llamando y convocando una por una a declarar y manifestar unánimemente lo mismo que estoy diciendo. Es lo mismo que le dijeron las primeras nueve a la policía cuando allanaron el lugar, que fue el único relevamiento, porque cuando fueron al lugar estaban ellas”, comentó.
“Incluso se está diciendo que desbarataron el lugar, que estaban privadas de libertad, y fijate que de 17 (que había en ese momento) le levantaron el testimonio a nueve”, agregó.
Consultado sobre las mujeres que vivían allí, el abogado apuntó que son personas que “no son del lugar” y que están allí circunstancialmente. Contó que hay mujeres de Montevideo, de otros departamentos y extranjeras. Al no haber ninguna local, según narró, su cliente ofrece habitaciones en otro padrón, ambientadas como si fuera una pensión, donde les cobra 200 pesos por día para que puedan dormir en Durazno y no tengan que volverse.
“Las chicas, en vez de retornar a sus domicilios, se quedan ahí cuando van varios días seguidos. Los días que no van a trabajar vuelven a su lugar de origen, donde tienen familia, parejas, hijos, padres”, indicó.
“No hay menores, eso quedó absolutamente claro, pero tampoco hay una red; no hay trata. Y lo que las chicas quieren y están manifestando es que las convoquen cuanto antes para aclarar, solucionar, y están reclamando el derecho a trabajar. Esa es la realidad, es lo que manifiestan las chicas”, expresó el abogado, que de todos modos aclaró que no las conoce ni ha tenido contacto personal con ellas.
Ghizzo afirmó que las nueve mujeres que dicen estar a favor de su defendido han grabado audios con su posición.
El funcionamiento
El profesional aseguró que legalmente el local está registrado como un bar y que aún no cuenta con la habilitación como whiskería, sin perjuicio de que esta estaba en trámite para conseguirla antes de que comenzara la investigación. Dijo también que es un lugar abierto al público.
“El bar es un lugar de encuentro, natural, que se busca generar una relación, una ‘ocupación’ (como se dice en la jerga). Ese es el servicio que brindan; no hay nada para discutir. Lo vienen desarrollando desde hace un año y medio. No es de toda la vida porque mi cliente abrió esto porque circunstancialmente la zona está explotada de gente; hay mucho hombre solo y es propicio para este tipo de actividades”, aseguró, en referencia a la construcción de la segunda planta de UPM.
“Las chicas ahí toman un trago con la persona y el local comercial se queda con el 50% de lo que consume la chica y con el total de lo que consume el cliente en forma individual. Una vez que el cliente quiere contratar los servicios de la trabajadora, ella acuerda y arregla el precio con él de forma totalmente independiente. Nada tiene que ver mi cliente: no participa, y cada chica cobra lo que ella quiere. Lo dicen en los audios”, afirmó Ghizzo. “El policía le pregunta si hay una tarifa fija y le dicen que no y que le cobran por la cara. Le cobran por el escaneo que hace la chica de su cliente y evalúa cuánto poder adquisitivo puede tener para pagar”, añadió.
Sin embargo, el abogado reconoció que el imputado tiene otras habitaciones en otro predio (que no es donde ellas pernoctan) para que puedan ir con sus clientes si es que así lo desean. En ese caso las mujeres pagan 300 pesos por media hora. Insistió que eso es una opción y que ellas tienen la posibilidad de trabajar donde quieran.
“Generalmente prefieren y eligen ir a las habitaciones de mi cliente, pero no obligatoriamente, sino por un tema de seguridad. Ahí hay cámaras. Las chicas no son del lugar, no lo conocen, menos conocen a los clientes. Entonces, para no tomar riesgos, evitan salir a lugares que puedan alejarse de ese entorno de control y seguridad que tienen, entonces generalmente eligen”, explicó.
El arma y el dinero
“Yo lo que quiero es dar la información completa y no parcial porque, si no, queda todo como que se da por cierto. Por algo se apeló”, destacó Ghizzo. A su vez, el abogado se refirió al arma incautada por la policía y aseguró que su cliente la adquirió de un militar, que sigue siendo el propietario porque no hizo la transferencia, y en ese sentido reconoció que la tiene de una forma antirreglamentaria.
“Eso tiene un reproche penal que nosotros nunca controvertimos. Él no tiene porte, no hizo la transferencia, pero esto no es un arma que haya estado en un delito. Tiene la escritura de la compraventa del arma y no tiene el número serial limado; no es un arma que proviene de delitos”, opinó.
La plata encontrada, en tanto, corresponde, según adjudicó el abogado, a que su cliente tiene más de 30 propiedades en el departamento y que vive de rentas, aunque tiene en su poder todos los contratos de alquiler. Además, dijo que presta dinero. “El préstamo entre privados es una actividad lícita, mientras esté dentro de los intereses legales. La desarrolla hace más de 20 años”, sostuvo.
El argumento final
Ghizzo reconoció que el tema es “complejo, sensible”, que da lugar a un “montón de presunciones” y que “reconoce” la vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras sexuales. Sin embargo, aseguró que “este parece no ser el caso” porque las involucradas quieren ser convocadas de manera urgente.
“¿Cómo podemos estar hablando de una red de trata cuando la convocatoria y el interés de las chicas es seguir trabajando?”, se preguntó. Además, agregó: “Si hay algo que no tiene esto es lógica, porque el testimonio de las presuntas víctimas va en contrario de lo que pensó la Fiscalía. Entiendo el contexto, están en una situación débil, como cualquier relación laboral, donde el empleado siempre está débil frente al empleador, pero no es el caso de captación, reclutamiento”.
“Ni en la narración de hechos que hace la Fiscalía en la audiencia se desprende que haya captación y reclutamiento. Las chicas, como trabajan bien y están tranquilas, se autorrecomiendan a otros colegas y él [por su cliente] las deja trabajar a todas”, concluyó. (DURAZNO DIGITAL)