Álvaro Rivadavia cuestiona duramente el proyecto represa Casupá: «Nos sentimos ninguneados» y denuncia graves omisiones ambientales y sociales
En diálogo con «Ponete al Día» por Radio Tabaré, Álvaro Rivadavia, representante de vecinos afectados por el proyecto de la Represa de Casupá, expresó una profunda preocupación y malestar por la falta de comunicación oficial y las omisiones en la planificación del proyecto, denunciando que él y su comunidad se sienten «ninguneados» por las autoridades.
Rivadavia, quien se identifica como un productor rural comprometido y no como un ambientalista, detalló la compleja realidad de la zona, compuesta principalmente por pequeños y medianos productores ganaderos, y cuestionó duramente el accionar de las instituciones del Estado.
Falta de información y respuestas inadecuadas
El principal reclamo de Rivadavia es la ausencia de un vínculo directo y un intercambio de información oficial y concreta sobre el estado y avance del proyecto.
«Los vecinos en ningún momento nos han informado de primera mano como corresponde, como dice la ley, y de alguna manera nos sentimos ninguneados,» afirmó.
Según el entrevistado, esta falta de diálogo se debe a que las autoridades carecen de «respuestas adecuadas para preguntas concretas,» recurriendo en su lugar a «respuestas generales, un speech, un eslogan.»
El impacto social: más allá de la inundación
Rivadavia desglosó las graves afectaciones que van más allá de la inundación de campos. El proyecto afectaría entre los directamente e indirectamente impactados un total de 3.600 hectáreas y más de 103 padrones, lo que engloba a cerca de 80-85 familias.
-Pérdida de conectividad y rodeos kilométricos: el lago artificial generará la división de predios, obligando a vecinos con campos a ambos lados del arroyo a realizar rodeos de 50 a 60 kilómetros para acceder a sus tierras, cuando hoy les toma 15 o 20 minutos a caballo. Rivadavia enfatizó que este costo en fletes y logística no está «ponderado» en el proyecto.
– Afectación de infraestructura vial: la represa cortará el cauce, provocando que seis arroyos aportantes (Milán, Cabrera, Alfileres, Chileno, Chamamé y Casupá Chico) se represen, tapando puentes y carreteras vecinales esenciales. Esto requerirá la expropiación, el trazado de nuevos caminos y la construcción de infraestructura vial, aspectos que, según el productor, «no están considerados en el proceso.»
– Desarraigo y economía local: la zona tiene una profunda historia, siendo Rivadavia la quinta generación en el lugar. Existen tres escuelas rurales con más de 100 años que nunca han cerrado y un movimiento que mantiene 22 liceales asistiendo al liceo rural. Además, un pequeño poblado de 15 o 20 casas alberga a gente que trabaja en los establecimientos de la zona, una economía que se desmantelaría con la reubicación, ofreciendo a las familias desplazadas «tres pesitos» sin solucionar su futuro productivo.
Cuestionamientos ambientales: «juez y parte»
El productor rural alzó la voz contra el Ministerio de Ambiente, considerándolo el «principal promotor de destrozarla» al impulsar la obra.
«Es juez y parte. O sea, él va a leer el estudio que él mismo manda hacer. Es una tomadura de pelo a las instituciones más que a los vecinos. Eso es lo primero,» sentenció Rivadavia.
El proyecto implicaría la tala de 426 hectáreas de monte nativo, un bosque ribereño de «muy poco caudal» pero de gran importancia ecológica que, según Rivadavia, no coincide con la realidad de otros bosques invadidos por especies exóticas.
Rivadavia tachó de «tomadura de pelo» la propuesta de compensación de crear un vivero de plantas nativas, señalando que es un planteo que ignora cómo la flora nativa se regenera por medio de la fauna. «Eso es imposible porque si no el problema en la Amazonia no sería un problema porque harían unos viveros, lo plantarían todos y ya está,» ironizó.
Un llamado a la conciencia y la unidad
Rivadavia cerró la entrevista contrastando el trato que se les da a las 80 familias desplazadas con la inversión hecha para reubicar a 16 familias en el predio de «Cancha María Dolores» (cercano a 50 millones de dólares).
El productor reconoció la necesidad de proveer de agua a la zona metropolitana, pero enfatizó que «no tiene que ser de medros del resto de la población» y que «hay que buscar alternativas que no causen daño.»
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad rural a defenderse «como bloque, como sociedad,» ante lo que considera un daño «irreversible» que va más allá de su zona.
