Caso Valentina Cancela: la familia inició una demanda contra el Poder Judicial
Consideran que la Justicia no actuó de la forma debida ante las denuncias radicadas contra el menor que se convertiría en asesino.
La familia de Valentina Cancela presentó una demanda civil contra el Poder Judicial por el femicidio de la adolescente, ocurrido en Maldonado en agosto de 2023. El reclamo apunta a la falta de medidas de protección, pese a que antes del crimen se habían presentado dos denuncias contra su novio, Santino Gandini. En el momento del crimen, ambos tenían 17 años.
La demanda fue promovida por su madre, su hermana y un grupo de amigas, quienes cuestionan que la Justicia no dispusiera en aquel momento medidas cautelares, como una prohibición de acercamiento o el uso de una tobillera electrónica, para proteger a la adolescente.
El abogado de la familia, Ignacio Barlocci, explicó que, al dar trámite a la demanda, la jueza deberá cuantificar el daño provocado por el femicidio a Valentina, sus familiares y sus amigas.
Según indicó el representante legal, se habían presentado dos denuncias, una en febrero y otra en junio de 2023, pero en ninguna de las instancias se adoptaron medidas de protección. Valentina fue asesinada a mediados de agosto de ese año.
«Se debió haber dispuesto alguna medida de protección», afirmó Barlocci en declaraciones recogidas por el noticiero Subrayado.
El abogado también señaló que la adolescente sufrió violencia física, verbal y sexual durante la relación con quien luego la asesinó. Además, sostuvo que el daño moral incluye el hecho de que el paradero del cuerpo de Valentina permaneciera oculto durante varias horas.
Demanda anunciada
En 2023, pocos días después del asesinato de Valentina, la familia ya había anunciado la posibilidad de llevar adelante la demanda que ahora se concreta.
“No logro entender cómo no se tomaron medidas, incluso de índole penal, en aquel momento. Entendemos que no puede haber más Valentinas”, dijo en aquel momento el abogado Martín Etcheverry, quien por entonces representaba a la familia de la víctima.
“No sé si el error fue del juzgado, si fue culpa de una mala comunicación de la Policía con la jueza cuando le pasa los antecedentes; no sé si es culpa de esas fechas nefastas, cuando empieza una feria judicial, porque entran jueces suplentes, puede haber incomunicación. Lo que sí está claro es que el sistema funcionó espantosamente mal en este caso”, dijo en esa ocasión.
“El sistema de protección no funcionó”
En similar sentido se expresó entonces Alicia Deus, abogada y corredactora de la Ley de Violencia Basada en Género contra la Mujer (Nº 19.580).
“Lo que dispusieron los jueces con las anteriores denuncias fue encomendar a los padres que cumplieran con los deberes de la patria potestad, pero indudablemente el sistema de protección no funcionó; no hubo una adecuada valoración de riesgo”, dijo en declaraciones al programa radial En Perspectiva.
Deus indicó que, al momento de recibir una denuncia, “el juez debe adoptar las medidas más urgentes de acuerdo a determinada información que se recaba en el momento, porque hay situaciones que son de peligro inminente. Luego se convoca a una audiencia a las dos partes, en un plazo de 72 horas”.
Durante ese plazo, el equipo técnico del juzgado debe elaborar un informe de valoración de riesgo. “Lamentablemente, esto no se cumple en la mayoría de los casos, y muchas veces los jueces no tienen el equipo técnico por falta de recursos”, puntualizó.
Santino Gandini fue condenado a diez años de reclusión —pena máxima prevista para menores en Uruguay—y se encuentra actualmente cumpliendo su condena.
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