Combustibles: ARU respalda el tope de 7%, pero insiste en bajar costos del gasoil productivo

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) valoró la decisión del Gobierno de ajustar 7% el precio de los combustibles desde abril, en un contexto de suba internacional del petróleo, aunque reiteró su preocupación por el impacto estructural del gasoil en los costos productivos. Así lo señaló el presidente de la gremial, Rafael Ferber, en el programa Punto de Equilibrio en Oriental Agropecuaria AM 770 y verdenews.com.uy.

El dirigente consideró que la medida está alineada con el escenario global, pero destacó especialmente el rol del tope aplicado. “Está dentro de los parámetros lógicos, y ese 7% actúa como amortiguador”, afirmó.

Desde la visión del sector, este mecanismo permite evitar traslados más bruscos del precio internacional al mercado local, absorbiendo parte del impacto dentro del sistema. Sin embargo, Ferber dejó claro que el planteo de fondo del agro se mantiene: reducir las cargas que encarecen el gasoil productivo.

Uno de los principales puntos señalados es el peso de subsidios incluidos en el precio, como el fideicomiso del transporte urbano y el subsidio al supergás, que representan en conjunto unos $ 8 por litro. “Siempre lo vamos a denunciar y poner arriba de la mesa”, sostuvo.

En este nuevo escenario internacional, marcado por la volatilidad del petróleo, desde la ARU entienden que se abre una oportunidad para revisar estos componentes, en la medida en que el Gobierno deberá gestionar el impacto dentro de Ancap.

En particular, Ferber cuestionó el esquema de subsidio generalizado al supergás, planteando que debería focalizarse en los sectores de menores ingresos mediante transferencias directas, como las tarjetas de Mides. “El subsidio debería ir a quien realmente lo necesita”, indicó.

Además, el dirigente puso el foco en la estructura impositiva vinculada a la energía y en las diferencias entre sectores.

En ese sentido, mencionó el caso de la movilidad eléctrica, que ha recibido beneficios fiscales significativos en los últimos años. “Hay lugares donde analizar dentro de la política fiscal”, afirmó.

Según estimaciones de ARU, la renuncia fiscal asociada a los autos eléctricos —principalmente por exoneraciones de Imesi— supera los US$ 1.000 millones en los últimos cinco años, lo que abre el debate sobre la distribución de cargas dentro del sistema.

Para la gremial, el eje debe estar en equilibrar las condiciones, considerando el rol central del gasoil en la economía. “El gasoil productivo termina siendo el precio de la producción y del consumo”, sostuvo.

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