La Ley de amnistía en Venezuela debe excluir a los acusados de crímenes de lesa humanidad, advierten expertos
Relatores independientes advierten que la amnistía solo debe beneficiar a las víctimas y piden desmantelar el aparato que permitió perseguir a los disidentes.
La ley de amnistía propuesta en Venezuela debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y excluir expresamente a los acusados de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, advirtieron expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas.
“El alcance de la ley debe limitarse a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y excluir expresamente a los acusados de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluidos los actores estatales, paramilitares y no estatales”, afirmaron los expertos.
Los relatores señalaron que el proyecto de ley de amnistía, reconciliación y reunificación nacional, presentado ante la Asamblea Nacional y hecho público el 6 de febrero de 2026, podría ser “crucial para las víctimas y sus familias, y para la sociedad venezolana en su conjunto”. Sin embargo, advirtieron que “a quienes se vieron obligados a exiliarse debido a la persecución no se les debería exigir que regresen hasta que se determine claramente la aplicabilidad de la amnistía a sus casos”.
Para ser efectivo, el proyecto debe reconocer “explícitamente a todas las personas que fueron detenidas o procesadas arbitrariamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, opinión, reunión, asociación e información, incluidos los defensores de los derechos humanos”.
Los expertos destacaron que las víctimas y la sociedad civil deben poder “ejercer la supervisión efectiva del proceso de amnistía para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y evitar cualquier instrumentalización o aplicación indebida de la ley”.
El comunicado de los relatores subraya que la ley debe integrarse en un proceso integral de justicia transicional que incluya “la búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas y la reparación por las graves violaciones de los derechos humanos sufridas durante décadas”. Además, este proceso debe contemplar “reformas institucionales y jurídicas dirigidas a desmantelar el aparato que permitió esas violaciones, incluido el marco jurídico utilizado para perseguir la disidencia, y a impedir de manera efectiva que se repitan”.
Finalmente, los expertos pidieron “la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, incluidos los defensores de los derechos humanos, así como la revelación de la suerte y el paradero de todas las personas que siguen registradas como desaparecidas”.
Los relatores han estado en contacto con el Gobierno de Venezuela.
ONU
