Especialista en Bioética y DD.HH se refirió al impacto del aborto provocado en Uruguay y sus consecuencias

Por Andrés Torterola
En diálogo con CAMBIO, la médica ginecóloga M. Lourdes González —magíster en Bioética, diplomada en Derechos Humanos y docente universitaria en la Universidad Católica, en la Facultad de Medicina de la UdelaR y del CLAEH— contó que su interés por el aborto provocado y sus consecuencias comenzó durante su época de estudiante en los años 80. Recordó que en el Hospital se debatían proyectos de ley apenas retornada la democracia. Se manejaban cifras consideradas desmesuradas, como la estimación de 150.000 abortos anuales, calculados a partir del uso de anestésicos para legrados. Las discusiones sobre el rol del médico eran intensas; aunque no se nombrara directamente a quienes realizaban abortos, todos sabían a quién recurrir. Para los estudiantes, señala, era evidente la hipocresía existente: un secreto a voces del que pocos se animaban a hablar por temor a las consecuencias.
CONTEXTO
En ese contexto de fuerte polarización, las iniciativas parlamentarias no avanzaron. Antes de discutir el “derecho” al aborto, se planteaba la necesidad de universalizar el acceso a la anticoncepción y a la educación sexual. Los años 90 fue de todo eso y por el fortalecimiento de los movimientos feministas, que tímidamente comenzaron a plantear la despenalización para mujeres de sectores vulnerables. González recordó que incluso la ley 9.763 de 1938 ya contemplaba atenuantes como pobreza, honor, violación y salud materna.
MUERTES MATERNAS
El panorama cambió en los años 2000 debido al aumento de muertes maternas. Entre 2001 y 2005 hubo 251.568 nacidos vivos en Uruguay y 67 muertes maternas: 25 asociadas a abortos y 42 por otras causas. Paralelamente, la natalidad se redujo a la mitad. En 2008 ocurrió un hito con el veto presidencial al artículo sobre el aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. En el siguiente período del Frente Amplio, bajo la presidencia de José Mujica, se aprobó en 2012 por un solo voto la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas, con un proceso dentro del SNIS que incluía varias consultas previas y excepciones para casos especiales. González cuestiona que se calificara el aborto como acto médico y que se habilitara la objeción de conciencia, posteriormente más restringida por la reglamentación.
SIN CONFLICTOS
Relató que, apenas diez días después de aprobada esa reglamentación “exprés”, veinte ginecólogos —entre ellos varios de Salto— presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad. Aunque el fallo fue histórico, afirma que resultó difícil sostenerlo: las instituciones no quieren médicos que generen conflictos o resistencia y suelen presionarlos para que se retiren.
Finalmente, González advirtió que recientemente las autoridades del MSP han planteado cambios legislativos a la Ley IVE 18.987, argumentando dificultades de acceso para mujeres migrantes y señalando que los plazos de 12 y 14 semanas son restrictivos. A su juicio, esto obliga a “abrir los ojos y mantenerse atentos”.
DIARIO CAMBIO