“Que se analice su legalidad”: escribanos preocupados por decreto emitido por OSE
La nueva norma impone un costo de una UR para los certificados de saneamiento y libre de deuda.
El pasado 31 de diciembre, Obras Sanitarias del Estado (OSE) emitió la resolución Nº1464/25, que establece un incremento del 8,5% en la tarifa de agua potable y saneamiento. A su vez, impone un costo de una unidad reajustable (UR), cifra equivalente a $1.847,96, para los certificados de saneamiento y libre de deuda,
En las últimas horas, la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) remitió una nota al organismo, en la cual manifiesta su “total desacuerdo con dicha decisión” y expresa su “profunda preocupación por las consecuencias jurídicas, sociales y operativas que generará”.
En dicha misiva, la AEU pide a OSE que “se analicen y fundamenten” varios pormenores de la norma, como “la legalidad de la fijación de un costo mediante decreto para un certificado que resulta indispensable para el ejercicio de la función notarial y para la instrumentación de actos jurídicos vinculados con el acceso a la vivienda”, considerando “la eventual extralimitación de la potestad reglamentaria, la ausencia de una habilitación legal expresa y el hecho de que las Leyes 14.497 y 18.840 (así como el decreto reglamentario de esta última, que dispone la expedición del certificado) no prevén ni autorizan la imposición de costo alguno, configurándose una posible vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad”.
Los notarios también señalan “el impacto directo y regresivo que esta imposición genera sobre las familias en general –en especial las vulnerables–, particularmente aquellas que acceden a soluciones habitacionales y se encuentran exoneradas de otros tributos, tasas, aranceles e impuestos, pero que quedan obligadas, sin alternativa, al pago de este certificado, lo cual configura una barrera económica adicional e injustificada”.
A su vez, la AEU solicita que se le brinde “en forma detallada, la información relativa al procedimiento de solicitud del certificado, el plazo cierto de expedición, y el criterio aplicable en los casos en que no existe cuenta de la OSE asociada al padrón, situación frecuente en la práctica notarial y que genera demoras y perjuicios concretos a los usuarios”.
La AEU entiende que “la fijación de este costo afecta el interés general, entorpece el normal desenvolvimiento del tráfico jurídico y desconoce el rol instrumental del notariado en las políticas públicas de acceso a la vivienda, por lo que espera una respuesta clara, fundada y urgente por parte del organismo”.
Montevideo Portal
