Diputado de Brum exige seguro de paro urgente para 246 trabajadores de FrigoSalto

La preocupación por el futuro laboral y económico del departamento de Salto se ha disparado. El diputado salteño Dr. Horacio de Brum ha elevado una solicitud formal y perentoria ante la Cámara de Representantes, exigiendo la inmediata implementación del seguro de paro para 246 trabajadores del frigorífico SOMICAR S.A. (FrigoSalto).

Bajo la consigna «¡TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE SALTO NO PUEDEN ESPERAR!», De Brum ha instado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al gobierno nacional a actuar con la «mayor celeridad posible» para proteger los puestos de trabajo y el tejido social y económico del departamento.

El legislador enfatizó que la situación de la planta industrial no es solo un problema empresarial, sino una crisis social inminente. FrigoSalto es identificada como una de las principales fuentes de empleo genuino en la zona. Su parálisis, sin un respaldo estatal rápido y contundente, amenaza con «golpear de lleno a cientos de familias y a toda la cadena productiva» de Salto. «No se trata solo de una planta industrial: es una de las principales fuentes de empleo genuino de la zona y su parálisis, sin apoyo del Estado, golpearía de lleno a cientos de familias y a toda la cadena productiva,» reza el comunicado emitido por el diputado.

De Brum recordó su compromiso previo con diversos sectores productivos de la región, destacando su intervención anterior a favor de:

– Afectados por daños a la producción.

– Pequeños y medianos productores citrícolas.

– Trabajadores del sector citrícola.

«Ahora vamos por la defensa de los trabajadores de FRIGOSALTO,» afirmó, haciendo un llamado a la acción bajo el lema «¡A moverse por Salto!».

La solicitud presentada formalmente busca no solo una solución transitoria para los trabajadores afectados, sino también enviar una señal de apoyo y compromiso del Estado con la estabilidad laboral y la economía de los departamentos del interior. La pelota está ahora en la cancha del MTSS y el gobierno central, quienes deberán responder con la urgencia que el diputado y la comunidad salteña demandan.