El gobierno presenta nuevas pericias y amplía la denuncia contra el astillero Cardama
El gobierno uruguayo presenta nuevas pruebas en el caso de los patrulleros OPV. Incluye pericias sobre la garantía incumplida para ampliar la denuncia.
El gobierno de Yamandú Orsi avanza en una ampliación de la denuncia penal contra el astillero español Cardama. La acción judicial surge tras las sospechas sobre un posible perjuicio económico al Estado uruguayo, luego de la firma de un contrato por un monto superior a los 92 millones de dólares para la construcción de dos patrullas oceánicas. La situación se originó por el incumplimiento de los plazos contractuales por parte de la firma gallega.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales a Montevideo Portal, la presentación ante la justicia será gestionada por el área de Asesoría Jurídica gubernamental. La ampliación de la denuncia incorporará “documentos con nuevas pericias” del caso. El medio Subrayado detalló que la dirección de Presidencia concretará la entrega de estos antecedentes este martes ante la Fiscalía General de la Nación.
Previamente, el 23 de octubre, la administración Orsi había iniciado acciones legales, tanto civiles como penales, en contra del astillero. El conflicto se desató específicamente por el incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento. Este requisito contractual estipulaba un período de 45 días hábiles posteriores a la rúbrica del acuerdo para su constitución.
Detalles del contrato y los incumplimientos
El acuerdo con la empresa española estipulaba la construcción de dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga. Estas embarcaciones estaban destinadas a ser incorporadas a la Armada Nacional, asignándoseles la función de “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”. La adquisición se enmarcaba en un plan de renovación de los medios navales.
Desde el gobierno se explicó que, inicialmente, se había acordado que Cardama debía presentar la garantía de fiel cumplimiento en el plazo de 45 días desde la firma del contrato. Este instrumento financiero equivalía al 5% del valor total de la obra. No obstante, la compañía no cumplió con lo establecido y, en su lugar, solicitó “sucesivas prórrogas”, lo que inició un “largo procedimiento” de negociaciones y revisiones.
LA REPUBLICA
