Alertan que abogados de narcos concursaron para ingresar a la Fiscalía
La fiscal de Corte reconoció ante senadores que no existe un sistema para fiscalizar estas situaciones y que es difícil establecerlo.
El mecanismo de concurso público para ingresar a la Fiscalía General de la Nación, diseñado para garantizar imparcialidad y meritocracia, exhibió una fisura potencial cuando abogados con historiales de defensa de estructuras del narcotráfico lograron sortear sus etapas iniciales. Este incidente no solo activó protocolos de alerta dentro del sistema de justicia, sino que proyectó una sombra sobre la solidez de los filtros existentes.
La amenaza de la penetración del crimen organizado en el núcleo del organismo investigador dejó de ser una hipótesis abstracta para materializarse en un expediente concreto.
La confirmación de que Raúl Estomba superó la fase de oposición y méritos coloca al Parlamento en una posición delicada. Su historial como defensor de Mónica Sosa de “Los Chingas” y de cabecillas del clan Figueroa constituye un antecedente que choca con la idoneidad moral exigible, , según se desprende de un artículo publicado este jueves Búsqueda.
Su posición 15 de 17 en la prelación oficial, lejos de minimizar el caso, ilustra la precisión con la que el riesgo se inserta en los intersticios del procedimiento administrativo. El Senado ahora debe ejercer su rol de contrapeso, una función que podría derivar en litigios por daños si la venia es denegada.
La arquitectura de la vulnerabilidad
La revelación impulsó al ministro del Interior, Carlos Negro, a realizar gestiones políticas extrainstitucionales, alertando a los líderes partidarios sobre una vulnerabilidad que trasciende la administración de turno.
Paralelamente, en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, la exposición reservada de la fiscal de Corte, Tamara Ferrero, operó como un diagnóstico crudo de la situación regional. Su advertencia a los legisladores para que investiguen antecedentes en “determinados nombramientos” fue una indirecta clara sobre el caso en cuestión.
Durante ese encuentro, Ferrero realizó una admisión significativa: la Fiscalía carece de un sistema de control específico para evaluar estos vínculos previos en los postulantes. Esta carencia estructural transforma cada concurso en una operación de riesgo calculado, donde la idoneidad técnica puede entrar en conflicto con la seguridad institucional.
La frase de una fuente política citada por el semanario, quien dijo que “si no damos la venia, no importa que haya hecho concurso”, encapsula este dilema, subordinando el resultado formal del procedimiento a una evaluación política de contexto.
La escuela de fiscales como paradigma de control
La respuesta de la titular del Ministerio Público fue redoblar la apuesta por un cambio de paradigma en el reclutamiento. Su insistencia en la creación de una escuela de fiscales ante la Comisión de Presupuesto no es una mera solicitud de fondos; es la propuesta de un nuevo órgano de vigilancia.
Al fundamentar que es una “oportunidad de conocer quiénes entran, Ferrero traslada el eje del proceso de selección: del examen puntual a la observación prolongada.
La referencia a “otros países” con abogados de narcos en sus filas no fue una mera anécdota. Fue la contextualización de una amenaza hemisférica, posicionando a Uruguay en una encrucijada. La elección del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) como modelo a emular es estratégica.
No se busca solo replicar un formato pedagógico, sino importar una cultura institucional. La formación ética que Ferrero recibió allí en 1992 es presentada como el antídoto contra la corrosión que produce el crimen organizado.
El factor disuasorio de la formación especializada
Los testimonios personales de Ferrero ante los legisladores, semanas antes del atentado contra su vivienda, agregaron una capa crucial al debate: la psicológica. Al señalar que muchos fiscales “se sienten amedrentados” y al relatar sus propias experiencias con señas de muerte de narcos en audiencias, no solo apeló a la empatía. Destapó la realidad de que la coerción es un instrumento más del crimen organizado. La escuela, en este plano, es concebida también como un espacio para forjar resiliencia operativa.
El diseño propuesto —un año de formación y evaluación posterior— institucionaliza un período de prueba y observación que el concurso actual no permite. Este “filtro” extendido permitiría una evaluación no solo de competencias, sino de actitudes y consistencia en el perfil del candidato.
Para los ascensos internos, la obligatoriedad de cursos específicos busca homogeneizar un estándar de calidad y especialización, creando una barrera adicional contra la mediocridad o la influencia indebida. La carrera fiscal se transformaría, así, de una sucesión de puestos a una trayectoria de formación continua.
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