“La Mafia del Río”: cae parte del clan más poderoso del litoral
Más de cien municiones, armas, dinero y mercadería de contrabando fueron incautados tras una extensa investigación que apunta a desarticular una red criminal transnacional con base familiar y una trayectoria de décadas en Paysandú. Su líder, A.M.C.E., fue nuevamente formalizado –aunque aguardará el juicio en su casa y no preso– tras muchos años vinculado al narcotráfico y el contrabando a gran escala.
En el marco de una de las investigaciones más complejas del año, la Policía de Paysandú llevó adelante la operación Shadow II, un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en la región, con vínculos directos con el tráfico internacional de armas, narcotráfico y contrabando transfronterizo. Esta operación es la continuación de la Shadow I, que ya había derivado en múltiples formalizaciones por delitos conexos al comercio ilegal a través del río Uruguay.
Tras meses de vigilancia, inteligencia y trabajo en campo, con antecedentes tan graves como un efectivo policial herido de bala en servicio (hecho ya aclarado judicialmente con cuatro condenados), la Fiscalía de Flagrancia de 1.º Turno y el Juzgado Letrado de 4.º Turno emitieron 11 órdenes de allanamiento en Paysandú, Montevideo y Tacuarembó, así como ocho órdenes de detención.
El operativo fue efectivo y se lograron incautar más de 100 municiones de diversos calibres, armas de fuego, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (reales y pesos argentinos), celulares, mercadería en infracción aduanera, cigarrillos, equipos de comunicación (handies), sistemas de videovigilancia (DVR) y una camioneta de alta gama que ya había sido interceptada con carga de contrabando. Puestos los detenidos a disposición de la Justicia, se condenó a M.E.M.B. por un delito continuado de contrabando, imponiéndole una pena de 10 meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba. En cuanto a J.G.A.D.S. se lo condenó por un delito tentado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real, con un delito de asociación para delinquir, imponiéndole la pena de 10 meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.
Respecto a M.P.C.G. se lo condenó como cómplice de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real en calidad de autora, con un delito de asociación para delinquir y un delito de receptación, imponiéndole como pena 10 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Para L.E.M.A. se lo condenó como cómplice de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real en calidad de autora, con un delito de asociación para delinquir, imponiéndole como pena 10 meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.
Respecto a M.P.C.G. se lo condenó como cómplice de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real en calidad de autora, con un delito de asociación para delinquir y un delito de receptación, imponiéndole como pena 10 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Para L.E.M.A. se lo condenó como cómplice de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real en calidad de autora, con un delito de asociación para delinquir, imponiéndole como pena 10 meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.
Por otro lado, se formalizó la investigación respecto a un hombre por la comisión de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real, con un delito continuado de asociación para delinquir especialmente agravado, un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, y un delito de porte o tenencia de armas, en calidad de autor, imponiéndole medidas cautelares por el término de 120 días.
Otro fue formalizado por un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real, con un delito continuado de asociación para delinquir y un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones en calidad de autor, imponiéndole medidas cautelares por el término de 120 días. Respecto a una mujer, se formalizó su investigación por la presunta comisión de un delito continuado de contrabando especialmente agravado, en régimen de reiteración real con un delito continuado de asociación para delinquir, y un delito de receptación en calidad de autora, imponiéndole medidas cautelares por el término de 120 días. Y para un cuarto involucrado se dispuso su formalización por la presunta comisión en calidad de coautor, de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real, con un delito continuado de asociación para delinquir en calidad de autor, imponiéndole medidas cautelares por 120 días.
UN CLAN FAMILIAR CON BASE EN PAYSANDÚ
El operativo apuntó a desarticular una organización delictiva con ramificaciones nacionales y extranjeras, conocida en el ambiente delictivo como parte de la “Mafia del Río”, integrada por un clan familiar sanducero, con antecedentes que se remontan a más de veinte años. La misma, en sus inicios, era operada por tres hombres de peso contra la ley: Pedro Miguel Arguet, apodado “El Oveja” (asesinado en 2006) y su hermano por línea materna Julio César Romero Arguet, más conocido como “El Pichulo” (acribillado de diez balazos en 2019 en San Félix) y A.M.C.E.
Tras las violentas muertes de los hermanos, el clan quedó a cargo de A.M.C.E. (hoy de 64 años), un viejo conocido de las fuerzas del orden, vinculado al narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y el lavado de activos. Su historial se remonta a años antes del 2000. En 2004, más cercano en el tiempo, fue detenido en Montevideo por ingresar contrabando desde Argentina a través del río Uruguay. En esa ocasión se le incautaron mercaderías ilegales, un motor de lancha, cuchillos, prismáticos, celulares, e incluso dos loros transportados en condiciones ilegales.
Más tarde, en 2008, cayó como principal responsable de una red que utilizaba embarcaciones ligeras para pasar droga y mercadería entre Salto y Paysandú, con vehículos y propiedades sin respaldo legal. En esa oportunidad se le incautaron autos, motos, armas, embarcaciones y dinero en efectivo. La operación fue llamada Surubí, en referencia al pez típico del río Uruguay, territorio clave en la actividad criminal del clan. En ese entonces había sido señalado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) como líder de la mayor organización de ingreso de pasta base al país, manejando un flujo estimado de 3.600.000 de dólares anuales, una cifra escandalosa para el mercado ilegal nacional.
