Orbán advierte de «consecuencias legales» por la marcha del Orgullo prohibida en Budapest

Orbán advierte de «consecuencias legales» por la marcha del Orgullo prohibida en Budapest

El alcalde liberal de Budapest, Gergely Karácsony, prometió seguir adelante con la Marcha del Orgullo de este año en la capital húngara, a pesar de la prohibición policial de las marchas LGTBIQ+ impuesta por el gobierno húngaro.

Durante los últimos 14 años, bajo el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la marcha anual del Orgullo en Hungría ha podido celebrarse pacíficamente y sin tensiones. Sin embargo, este año, Orbán amenazó con «consecuencias legales» a cualquiera que organizara o asistiera a la marcha.

A principios de este año, el Parlamento húngaro aprobó una enmienda a la Constitución que permite al Gobierno prohibir actos públicos de las comunidades LGTBIQ+, una decisión que juristas y críticos habían calificado de paso hacia el autoritarismo.

Sin embargo, el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, intervino y dio luz verde a la organización de la marcha del Orgullo a pesar de todo. A pesar de la prohibición, Karácsony explicó a ‘Euronews’ cómo el evento está catalogado de «perfectamente legal».

«El Parlamento húngaro ha aprobado una enmienda a la Ley de Asambleas, lo que significa que el Orgullo, que está cubierto por la Ley de Asambleas, no fue autorizado por la Policía», explicó Karácsony.

«Sin embargo, estamos organizando un acto municipal, que no está cubierto por esta ley. El municipio está invitando a los ciudadanos de Budapest a otro acto en sus propios espacios públicos, organizado por él mismo, por lo que es perfectamente legal».

El ministro de Justicia, Bence Tuzson, reaccionó rápidamente afirmando que el acto sí entra dentro de la Ley de Asambleas y afirmó que es ilegal. Tuzson afirmó que, por organizar la reunión, Karácsony podría enfrentarse a un año de cárcel y a una multa económica.

Multas difíciles de eludir

Aunque las multas pueden disuadir a algunos manifestantes, sigue pendiente la cuestión de la viabilidad técnica de sancionar a miles o incluso decenas de miles de personas. Las autoridades húngaras recibieron un espaldarazo del partido del primer ministro Orbán, Fidesz, que aprobó el uso del reconocimiento facial mediante inteligencia artificial para rastrear a los infractores menores, agilizando así el proceso de imposición de multas.

Otra reciente modificación legal eliminó el efecto suspensivo de recurrir las multas ante los tribunales. Como resultado, los participantes húngaros identificados en cámara por la Policía tienen ahora más probabilidades de ser multados, y a un ritmo mucho más rápido que antes.

El copresidente del Comité Húngaro de Helsinki, Kristóf András Kádár, declaró a ‘Euronews’ que, jurídicamente, el alcalde de Budapest tiene argumentos sólidos. Sin embargo, debido a las nuevas leyes, las multas podrían suponer un cierto riesgo para los participantes.

«Creo que, en última instancia, la reducción o anulación de la multa puede lograrse mediante distintos procedimientos legales», dijo Kádár, «pero al menos temporalmente hay que pagarlas».