«En el 2002, muchos ahorristas sufrimos una brutal estafa llevada a cabo por el grupo Peirano-Banco Montevideo, cuyos dineros se desviaron al TCB (Trade & Commerce Bank) de Islas Caimán sin nuestro consentimiento ni conocimiento», dijo Alicia Barbani , damnificada por dicha maniobra y representante de ahorristas, en declaraciones al noticiero Telemundo.
Barbani, que lleva 23 años bregando por la causa, refirió que una vez que se agotaron las instancias judiciales a nivel nacional, el caso se trasladó a la CIDH. Dicho tribunal inició en el año 2011 un juicio al Estado uruguayo por esa causa, querella que recién ahora, tras catorce años de litigio, arriba a un fallo.
Capaz que no fue lo mejor porque no fueron todos aceptados. De 1.500 quedaron 344, de 344 quedamos 50 y dentro de esos 50 quedé yo. Y no porque representara a los ahorristas: quedé porque probé que yo nunca había dado el consentimiento», explicó.
En ese sentido, desde un primer momento la causa distinguió a los ahorristas que, tentados por una mayor rentabilidad, habían aceptado el traslado de sus ahorros al TBC, y aquellos que, como Barbani, ni siquiera estaban al tanto de que el banco había transferido el dinero al archipiélago caribeño.
Para Barbani, este fallo es un premio al esfuerzo sostenido de dos mujeres que, sin ser abogadas, decidieron recurrir a la CIDH ante la falta de respuestas del Estado uruguayo.
«Estamos hablando de un total que tiene que pagar el Estado uruguayo de US$ 2.786.813. En realidad, el artículo 27 de la ley 17.613, que nos amparamos en ese para que nos dé la calidad de ahorrista, es hasta US$ 100.000. El que tenía 50 recibe la totalidad y el que tenía más de 100 recibe hasta 100», detalló.
