Caso Marset: Investigan si se destruyeron documentos en Cancillería durante el gobierno anterior
¿Delito o negligencia? Fiscalía analiza destrucción de pruebas en caso Marset. Al narcotraficante uruguayo se le otorgó un pasaporte en el gobierno de Lacalle Pou que le permitió darse a la fuga.
El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, bajo la orden del canciller Mario Lubetkin, abrió una investigación administrativa tras la solicitud de la Fiscalía de información sobre la presunta destrucción de documentos vinculados a la emisión del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset. La decisión se tomó al no localizarse ciertos archivos requeridos por las autoridades judiciales.
«Ante la situación de no encontrar cierta documentación que nos estaba pidiendo el fiscal, se opta por iniciar una investigación administrativa que ordena el canciller», detalló la subsecretaria Valeria Csukasi en diálogo con Informativo Sarandí. El hecho había sido revelado previamente por el semanario Búsqueda.
Csukasi aclaró que la entrega del pasaporte a Marset ya fue analizada en una investigación previa que no halló irregularidades en el procedimiento. Sin embargo, la pesquisa actual se centra en la desaparición de documentos que, según la normativa, «deberían existir». La funcionaria subrayó que ambos procesos —el administrativo y el judicial— son independientes y no se superponen.
La vicecanciller explicó que el objetivo es establecer la trazabilidad del documento faltante, el cual formaba parte de un expediente oficial. Según sus declaraciones, el archivo fue retirado y devuelto, pero actualmente no se encuentra en su ubicación habitual. «Capaz que es una falta leve. Esto debería haber sido parte del expediente, mal hecho golpecito», señaló.
Fiscalía profundiza en posibles ocultamientos del gobierno anterior
Por otro lado, el fiscal Alejandro Machado investiga si el gobierno de Luis Lacalle Pou intentó ocultar conversaciones entre Guillermo Maciel, exsubsecretario del Interior, y Francisco Bustillo, exsubsecretario de Relaciones Exteriores. Además, se busca determinar si la destrucción de evidencias configura un delito. Tras recabar datos, se avanzará a una fase de interrogatorios.
El caso tomó relevancia tras la denuncia de Carolina Ache, exvicecanciller, quien afirmó que Roberto Lafluf, exasesor presidencial, la convocó a una reunión en la Torre Ejecutiva para pedirle que borrara mensajes con Maciel. En esos chats, se alertaba sobre el perfil delictivo de Marset. Ache también aseguró que Lafluf destruyó un acta notarial que respaldaba dichas conversaciones.
Tras el archivo de la primera etapa investigativa, se esperan declaraciones clave este año, incluidas las de los funcionarios implicados. El fiscal Machado evaluará si solicita imputaciones penales a la Justicia. Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantendrá su investigación paralela, aunque Csukasi reiteró que su equipo jurídico no ha sido consultado por las autoridades judiciales.
