El peligro de llevarse por delante a las instituciones

El Senado de la Nación pretende ir al choque de la Ley Suprema y del Derecho al intentar otorgar una extensión en el cargo a la jueza Ana María Figueroa y aprobar una ley de nacionalización de una universidad provincial que vulnera su autonomía.

La principal característica de los Estados de Derecho, es que las autoridades deben ajustar su conducta a los parámetros previstos en una Ley Fundamental o Constitución, así como también a los previstos en el resto del ordenamiento jurídico que ellas mismas crean para ordenar la convivencia social y el funcionamiento de las instituciones.

A la luz de lo expuesto, lo último que es dable esperar de los gobernantes, es que dicten normas o realicen actos contrarios a la Constitución Nacional y al ordenamiento jurídico en general.

Sin embargo, en el día de hoy, el Senado de la Nación pretende ir al choque de la Ley Suprema y del Derecho, al intentar, por un lado, dar un acuerdo de continuidad en el cargo a una jueza, como Ana María Figueroa, que ha cesado en su función; y por el otro, a dejar sancionada una ley de nacionalización de una universidad provincial, vulnerando claramente su autonomía.

Con respecto a la jueza Figueroa, exintegrante de la Cámara de Casación Penal, el pasado 9 de agosto cesó automáticamente en su cargo al cumplir setenta y cinco años de edad, tal como lo prevé la Constitución Nacional. El kirchnerismo pretendía extender su designación por cinco años más (lo cual también está autorizado por la ley suprema), pero estaba pendiente el acuerdo del Senado para que ello sea posible. Llegó el día del cumpleaños de la entonces jueza, y el acuerdo del Senado no había llegado. Conclusión: Ana María Figueroa quedó cesante, y así se lo hizo saber la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (INFOBAE)