11.232 personas accedieron al derecho al aborto en 2024
Los datos oficiales indican que, entre 2013 —año en que entró en vigor la ley que permite el aborto hasta las 12 semanas (o 14 en casos de violación)— y 2024, se realizaron 117.863 interrupciones voluntarias de embarazo.
Los abortos legales realizados en Uruguay durante 2024 constituyen el número más alto registrado desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó esta tendencia en su último informe oficial. La ley fue promulgada en octubre de 2012.
El año pasado se contabilizaron 12.592 consultas por IVE, superando las 12.348 registradas en 2023. Los procedimientos ratificados y realizados totalizaron 11.232 en 2024, frente a los 10.898 del año anterior. Las mujeres o personas gestantes que optaron por continuar su embarazo después de la consulta previa sumaron 520, cifra inferior a las 630 de 2023.
El acumulado de interrupciones de embarazos reportadas desde 2013, primer año completo de vigencia de la ley, hasta 2024 alcanza las 117.863. La legislación despenaliza la práctica dentro de las primeras 12 semanas de gestación, extendiéndose a 14 en casos de violación.
Marco normativo del derecho a la IVE en Uruguay
La Ley Nº 18.987, denominada Ley de IVE, fue aprobada por el Parlamento uruguayo el 17 de octubre de 2012. El Poder Ejecutivo la promulgó el 22 de octubre de ese mismo año. Su publicación en el Diario Oficial ocurrió el 30 de octubre de 2012, marcando su entrada en vigor formal.
La norma establece la despenalización del aborto bajo plazos específicos. No es penalizado si se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Este límite se amplía hasta las 14 semanas cuando el embarazo es consecuencia de una violación, siempre que exista denuncia judicial presentada.
Adicionalmente, la ley contempla excepciones sin límite temporal. Permite la interrupción en cualquier etapa si existe riesgo grave para la salud o vida de la mujer. También se autoriza en casos de anomalías fetales diagnosticadas como incompatibles con la vida extrauterina.
Procedimiento de IVE establecido por ley
El proceso para acceder a una IVE implica pasos obligatorios. Comienza con una interconsulta médica inicial en un centro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). La persona gestante debe exponer sus circunstancias en esta primera etapa.
Posteriormente, se realiza una consulta con un equipo interdisciplinario. Este grupo está integrado por ginecólogo/a, psicólogo/a y trabajador/a social. Su función es informar sobre riesgos, alternativas disponibles y ofrecer apoyo emocional.
Tras esta consulta, se establece un período de reflexión mínimo de cinco días. Finalizado este plazo, la persona debe confirmar su voluntad mediante consentimiento informado escrito. Solo entonces se procede a la interrupción médica bajo condiciones seguras.
La ley impone obligaciones específicas al sistema de salud. Los centros deben capacitar a su personal en salud reproductiva. Asimismo, deben garantizar la disponibilidad de equipos interdisciplinarios para atender las consultas requeridas.
Se exige a las instituciones asegurar la confidencialidad de los datos de las usuarias. También deben proporcionar acceso inmediato a información adecuada y programas de apoyo social pertinentes. Estos aspectos son fundamentales en la aplicación.
La norma reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. No obstante, establece que esta objeción no puede impedir el acceso al servicio dentro de la institución médica correspondiente.
La situación de las adolescentes
Para las menores de edad, la ley establece requisitos adicionales. Necesitan el consentimiento de sus padres o tutores legales para acceder a la IVE. Si estos se niegan, la adolescente puede recurrir a un juez de familia.
El magistrado debe emitir una decisión sobre el caso en un plazo máximo de tres días. Este mecanismo busca balancear la autonomía de la menor con la participación parental. La respuesta judicial es vinculante para el centro de salud.
La aprobación de la IVE en 2012 tuvo un antecedente significativo. Entre 2001 y 2003, debido a altos índices de mortalidad por abortos clandestinos, Uruguay implementó un programa de reducción de daños. Este programa sentó bases para el debate posterior.
Para 2022, se observó una reducción de la mortalidad materna asociada directamente al aborto. Este dato posicionó a Uruguay como un referente regional en la materia. El acceso a procedimientos seguros fue un factor clave.
En 2013, grupos opositores intentaron derogar la ley mediante una consulta popular. Buscaban convocar un referéndum abrogatorio. Sin embargo, la iniciativa solo logró reunir el 8,9% de las adhesiones requeridas.
El umbral mínimo exigido para habilitar el referéndum era del 25% del padrón electoral. Al no alcanzarse esta cifra, la Ley de IVE se mantuvo vigente sin modificaciones. Su aplicación continuó de manera ininterrumpida desde entonces.
LA REPUBLICA
