PIT-CNT denuncia inconsistencias de la Intendencia de Salto en los argumentos para los ceses de 291 trabajadores

Por Andrés Torterola

Integrantes del Plenario Intersindical de Salto convocaron a una conferencia de prensa con el objetivo de realizar una denuncia pública sobre la situación que atraviesan los 291 trabajadores municipales que fueron cesados tras la asunción del nuevo intendente del departamento, Carlos Albisu. La instancia buscó visibilizar el impacto social, laboral y económico que esta decisión generó en cientos de familias salteñas, así como exigir respuestas claras por parte de la administración.

La presidenta del Comité Ejecutivo del PIT-CNT en Salto, Marcela da Col, expresó una profunda preocupación debido a que ya venció el plazo fijado para que la intendencia respondiera a las reivindicaciones laborales presentadas por los trabajadores y a los reclamos planteados ante la Justicia. Señaló que el departamento de Salto atraviesa una situación crítica en materia de empleo y que la desvinculación de 291 funcionarios municipales no solo agrava este escenario, sino que golpea directamente la estabilidad de decenas de hogares.

ALBISU PROMETIÓ EVALUAR CADA CASO

Da Col afirmó que la actual administración municipal utilizó argumentos “falaces” para justificar los ceses, señalando que estos se debieron a dificultades económicas. Sin embargo, remarcó que, una vez concretados los despidos, la intendencia incorporó a nuevos funcionarios de particular confianza con remuneraciones muy superiores a las de los trabajadores cesados. Esta contradicción —dijo— debilita la credibilidad del argumento económico, y expone un manejo discrecional de los recursos humanos.

Agregó que, para solicitar el préstamo que compromete financieramente al departamento por varios años, la propia intendencia declaró que la situación económica era estable, lo que contradice el planteo inicial utilizado para justificar las desvinculaciones. Esta incongruencia generó inquietud en el movimiento sindical, que entiende que el mensaje público del gobierno departamental no ha sido coherente.

La dirigente también cuestionó los reingresos selectivos de algunos funcionarios, pese a que el intendente había manifestado que se evaluarían las situaciones personales de cada trabajador cesado. Señaló que existen trabajadoras con documentación que certifica graves problemas de salud, así como jefas de hogar con hijos a cargo, que no fueron escuchadas ni contempladas en este proceso. Muchas de ellas —explicó— atraviesan actualmente una situación económica difícil, agravada por el inicio del año lectivo y la falta de ingresos estables.

LA JUSTICIA DEFINIRÁ SI LOS TRABAJADORES DEBEN REINCORPORARSE

Los despidos se concretaron el 24 de septiembre del año pasado. Según relató el funcionario cesado Marcelo Di Paola, durante la administración anterior se había alcanzado una estabilidad laboral mediante un convenio colectivo que, a su entender, fue desconocido por la nueva gestión. Di Paola advirtió que, si la intendencia continúa sin responder a las reivindicaciones de los trabajadores, estos iniciarán acciones judiciales para reclamar el cumplimiento del acuerdo.

En la misma línea, Daniela Custodio, integrante de la comisión de finanzas creada para afrontar los gastos legales, señaló que esperan que la mayor cantidad posible de compañeros pueda solventar los costos del proceso judicial. Indicó que el objetivo central es recurrir a la Justicia, ya que los trabajadores sostienen que el convenio colectivo debe ser respetado en su totalidad. Será el ámbito judicial —afirmó— el que determine si corresponde o no la reincorporación de los funcionarios a sus puestos de trabajo.

Desde el movimiento sindical, se insistió en que los trabajadores cuentan con el respaldo pleno del plenario en la defensa de su derecho al trabajo y en la búsqueda de una salida que permita recuperar sus fuentes laborales. Según expresaron sus representantes, lo que está en juego no es solo la estabilidad de casi 300 familias, sino también la vigencia de los mecanismos de diálogo social y del respeto a los acuerdos laborales en el ámbito público.

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