La discriminación racial en Estados Unidos impregna todos los contactos con la Policía, a veces desde la escuela
Un grupo de expertos de la ONU concluye que Estados Unidos debe redoblar sus esfuerzos para acabar con la discriminación racial que afecta a los afrodescendientes y asegurar la rendición de cuentas de violaciones cometidas. Además, será necesario idear respuestas centradas en los derechos humanos al abordar cuestiones como la indigencia, las enfermedades mentales o la drogadicción.
El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia Racial en el Contexto de la Aplicación de la Ley* concluyó el viernes una visita de 12 días a Estados Unidos de América, en la que pidió al gobierno que redoblara sus esfuerzos para promover la rendición de cuentas ante violaciones cometidas por las fuerzas del orden, tanto las que han tenido lugar, como las que puedan pasar en un futuro.
El Consejo de Derechos Humanos ha dado a conocer que, del 24 de abril al 5 de mayo, el Mecanismo visitó Washington DC, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y la ciudad de Nueva York y se reunió con representantes de la sociedad civil y de las víctimas, así como con funcionarios federales, estatales y locales, incluidos los de las fuerzas del orden, las administraciones municipales, los agentes judiciales, los sindicatos policiales y otras partes interesadas.
De acuerdo con el Consejo, la delegación se alegró de conocer diversas iniciativas, incluso a nivel estatal, que las autoridades han desarrollado para combatir la discriminación racial que afecta a los afrodescendientes. Sin embargo, el Mecanismo siente la urgencia, y la responsabilidad moral, de hacerse eco del dolor de las víctimas y de sus rotundos llamamientos a la rendición de cuentas y a recibir apoyo.
«Hemos conocido algunas iniciativas centradas en las voces de las víctimas y los supervivientes, así como de aplicación de la ley que podrían reproducirse en todo Estados Unidos. Acogemos con satisfacción las medidas reparadoras adoptadas hasta ahora, incluidas las órdenes ejecutivas firmadas en 2021 y 2022, así como las de reparación individual a través de acuerdos civiles por daños y perjuicios», dijo una de las expertas del Mecanismo.
Sin embargo, Tracie Keesee añadió que aún se necesita «una acción más enérgica, incluso por parte de las autoridades federales, para dar lugar a fuertes medidas de rendición de cuentas por violaciones pasadas y futuras».
«Esto incluye impulsar mecanismos de supervisión con poder de obligar; la asignación de recursos apropiados; y la provisión de una reparación, apoyo y rehabilitación sólidos a las víctimas, incluido el acceso a la justicia y a los servicios de salud física y mental», concluyó Keesee. (ONU)
