La deuda pendiente de Argentina es la investigación y la prevención de toda muerte ilícita, asegura experto independiente
Un relator de la ONU se refiere así a todas las muertes surgidas de la violencia institucional y las ocurridas bajo custodia de las fuerzas de seguridad, así como las debidas a la violencia sexual y de género.
El relator* especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias destacó hoy el contraste entre los ejemplares logros democráticos conseguidos durante los últimos 40 años por Argentina y la persistencia en el país de prácticas, mayormente invisibilizadas, de violencia institucional que acaban en muertes.
«Insto al Gobierno de Argentina a redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar las muertes ilegales y, con este fin, ofrezco todo el apoyo de mi mandato», dijo Morris Tidball-Binz, al término de una visita de 11 días al país.
El relator especial examinó el fenómeno relacionado a todas las muertes surgidas de la violencia institucional y las ocurridas bajo custodia de las fuerzas de seguridad, así como las debidas a la violencia sexual y de género.
«Las víctimas suelen pertenecer a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la población, lo que hace que el fenómeno sea en gran medida invisible, mientras los responsables gozan de impunidad», afirmó el experto.
Tidball-Binz ñadió que «el Estado argentino debe erradicar urgentemente estas prácticas mediante la implementación de medidas específicas, incluyendo la investigación efectiva de todas las muertes potencialmente ilícitas, el castigo de los autores y la protección de las víctimas».
Argentina, impulsora histórica del mandato del relator
El relator recordó que su mandato se estableció en 1982, en gran medida gracias al movimiento de derechos humanos de Argentina impulsado por las víctimas y sus familiares.
«En 40 años de gobierno democrático ininterrumpido, Argentina ha consolidado una sólida institucionalidad y cultura de derechos humanos. Esto se refleja en sus logros ejemplares en materia de verdad, justicia y reparación de los crímenes del pasado, así como en su actual presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU», destacó.
El experto mantuvo contactos con representantes de organismos estatales, de todos los estamentos estatales, de organismos autónomos, del mundo académico y de la sociedad civil, así como con familiares de víctimas de la violencia institucional, incluidas las que murieron bajo custodia y como consecuencia de la violencia de género.
Tidball-Binz dijo que «estas familias a menudo se enfrentan a grandes desafíos para lograr la verdad y la justicia, incluyendo la discriminación, las barreras en las investigaciones y el acoso y las amenazas de los propios presuntos autores, que a menudo se benefician de la impunidad». (ONU)
