Fiscalía General ordena investigación por archivo de 300 casos sobre delitos sexuales, fiscal y abogados denuncian presiones

Fiscalía General ordena investigación por archivo de 300 casos sobre delitos sexuales, fiscal y abogados denuncian presiones

La Fiscalía General de la Nación ordenó una investigación administrativa tras la denuncia de la Intersocial Feminista referida al archivo de 300 denuncias relacionadas con delitos sexuales que en su momento determinó el fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, quien -a su vez- dijo que los casos fueron archivados por falta de mérito y que la Fiscalía General actúa bajo presión, posición que también respaldó la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay.

Días pasados trascendió una denuncia de la Internacional Feminista por la cual acusa ante el fiscal de la Nación, Juan Gómez, al fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, de archivar unos 300 casos en poco más de una semana de trabajo.

Por su parte, el fiscal de Corte, ordenó el inicio de una investigación administrativa para poder constatar las diferencias entre la cantidad de causas archivadas, señaladas públicamente por el fiscal y las que surgen del sistema.

Iglesias había sido trasladado hace más de una semana desde Artigas a la Fiscalía de Delitos Sexuales y una de las medidas que adelantó fue la solicitud de prisión domiciliaria para los acusados de violación grupal a una mujer en el Cordón.

Por su parte, el abogado de la víctima de violación grupal en el barrio Cordón, Juan Raúl Williman, presentó un escrito al Fiscal de Corte por entender que Iglesias tomó decisiones que “vulneran y no protegen a la víctima”.

Presiones

A raíz de los hechos, el fiscal Iglesia explicó que decidió archivar los casos, no por ser el malo de la película, sino porque son casos que hace dos años o más que no se mueven y no pueden prosperar, porque no hay evidencias útiles. Se trata de casos que surgieron entre los años 2018 y 2021, en los cuales no se colectó la evidencia suficiente para formalizar la investigación e imputar a los acusados, a las víctimas de estas denuncias no se las puede ubicar, no hay testigos, ni pruebas físicas, entonces la decisión es concentrarse en los que sí pueden funcionar. En tal sentido dijo que existen otros 650 casos en su Fiscalía y que algunos de ellos están cerca de la formalización, por lo que conviene priorizar.

Dijo, en declaraciones a distintos medios de prensa, que el Fiscal de Corte no debería ceder a presiones de ningún grupo, ni de abogados, Organizaciones No Gubernamentales, ni partidos políticos.

Aseguró que no siente el respaldo del Fiscal de Corte, Juan Gómez, y, además, dijo que pidió más funcionarios, pero no ha tenido respuestas.

También comentó que en su momento Gómez decidió enviarlo a la Fiscalía de Delitos Sexuales por su modo de trabajo y, sin embargo, ahora lo cuestiona. “Yo no pedí ir a Delitos Sexuales. El Fiscal de Corte me dijo, Raúl, por tus buenos números, tu buen trabajo, quiero que vayas a este lugar que está complicado, confío en vos”.

La posición del fiscal de Corte

Por su parte, el fiscal general de la Nación, Juan Gómez, dijo a radio Montecarlo que “solicitó información interna a la Fiscalía, pero que al fiscal Iglesias no le pidió dato alguno. “En el momento que lo considere, lo haré o no, según las resultancias”.

Con respecto a la falta de respaldo que denunció Iglesias, el fiscal Juan Gómez manifestó que hasta ahora lo único que hizo fue “cumplir con el deber y con el rol que le asigna la Ley, que es defender a las víctimas”.

“No fui yo, como fiscal de Corte, quien instaló todos estos temas en la opinión pública. En realidad estoy analizando, tratando un tema, que no busqué, que de ninguna forma lo impulsé, pero tengo que cumplir con mi deber con la función que cumplo. Nada más”, manifestó.

“Concretamente, no le he pedido ningún tipo de información, hasta ahora, al doctor Iglesias”, sentenció.

Preocupación

Este miércoles 25 de mayo, entretanto, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) publicó una carta dirigida al fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, en la cual manifiestan “preocupación” por determinadas acciones adoptadas por diferentes “organizaciones, grupos de presión u operadores, que están siendo admitidas por la Fiscalía General de la Nación que podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica, consagrada en el artículo 5 de la Ley 19.483”.

Dicho artículo otorga el derecho a “no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución, ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en cada caso concreto”.

“Los cuestionamientos a la labor del fiscal mencionado de archivar una serie de casos, en todo caso corresponde que sean formulados por las vías legales establecidas en el artículo 98.2 del Código de Proceso Penal, por los interesados en cada una de las investigaciones (los denunciantes o las víctimas), no por una entidad gremial que represente a determinada ideología”, indican en la misiva.

Asimismo, los magistrados consideran que no es una buena señal de respeto a esa independencia que la Fiscalía General disponga “investigaciones sobre esos casos cuando no se están denunciando irregularidades concretas en los actos del fiscal ni se está frente a las situaciones previstas en el artículo 98.3 o 98.4 del Código de Proceso Penal como para justificarlas”.

Los penalistas afirman que “constantemente se archivan denuncias en las distintas Fiscalías de todo el país”.

A la vez, aseguran que “no conocen que se hubiera dispuesto investigaciones al respecto para conocer los motivos o el mérito de esas decisiones”.

“Se generó una campaña de desprestigio por determinados sectores, que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente manifestó su voluntad de interpretar el derecho, de acuerdo a los principios constitucionales entre los que se destacan el de igualdad y del debido proceso”, aseguran los abogados en su carta.

Explican que la agremiación está compuesta por abogados que defienden “tanto a víctimas como a imputados y que solo pretende que el Sistema de Justicia opere de acuerdo con esos principios de igualdad y debido proceso, utilizando para la protección de los derechos de todos los afectados los mecanismos que consagra la Constitución y la ley, impulsando y tratando de consensuar mejoras en su funcionamiento que respeten esos principios básicos y elementales de todo el estado de derecho”.

“Siempre esteremos en contra de acciones como las que se están ejerciendo que pretenden imponer una determinada ideología por fuera de lo que marca la Constitución y la ley. Esta situación atenta contra estos principios de igualdad y de debido proceso”, puntualizan. (La República )